SOMOS vecinos del partido de tandil, QUE NOS REÚNE
la necesidad de un ambiente saludable libre de agrotóxicos en el aire,agua ,tierra y alimentos.
PARA QUE:Para informar a la población sobre daños a la salud que genera el uso y exposición a agroquímicos. Para garantizar el cumplimiento de nuestro derecho a vivir en un ambiente sano.Para alentar y promover prácticas agroecológicas de producción de alimentos.COMO: a través de acciones propositivas de difusión entre otras.
Un grupo de extensión de la UNICEN detectó la presencia de agroquímicos
biocidas en suelo y agua de pozo en 15 escuelas rurales. La presentación
se realizó este jueves.
Investigadores, docentes y alumnos de la Universidad Nacional del
Centro (UNICEN) detectaron la presencia de agroquímicos biocidas en
suelo y agua de pozo en las 15 escuelas rurales participantes del
proyecto de extensión. Estas conclusiones surgen en el informe
“Agroquímicos plaguicidas en Escuelas Rurales del Partido de Tandil” que
fue presentado ayer.
El trabajo detectó la presencia de 16 ingredientes activos de
formulados de plaguicidas. Todas las escuelas estaban contaminadas,
algunas con hasta 8 de estos productos.
El informe pone en evidencia el riesgo que corre la comunidad
educativa rural del partido, así como la población cercana a los
establecimientos educativos.
Muchos de los plaguicidas encontrados en las muestras son
genotóxicos, neurotóxicos, carcinogénicos y/o disruptores endocrinos,
capaces de generar efectos nocivos a la salud a muy bajas dosis. Está
comprobado que las personas expuestas una o repetidas veces a estos
agroquímicos biocidas elevan su posibilidad de desarrollar enfermedades
con el tiempo.
Algunas de estas sustancias no han sido todavía suficientemente estudiadas, lo cual no implica que sean inocuas.
En la totalidad de las escuelas relevadas por los investigadores de
la UNICEN se detectaron sustancias tóxicas. En el agua se encontró con
mayor frecuencia Metsulfurón metil (en el 89% de las muestras),
Atz-desetil (metabolito de Atrazina, en 77% de las muestras) y
Diclosulam (67%), En las muestras de suelo los ingredientes activos más
frecuentes fueron Atrazina y su metabolito Atz-OH (63% y 69% de las
muestras respectivamente), AMPA (metabolito del Glifosato, 69%),
Glifosato (56%) y 2,4-D (50% de las muestras).
El trabajo de extensión universitaria señala que:
Los agroquímicos biocidas se difunden en el aire por efecto de las
derivas primarias, secundarias y terciarias, se escurren hacia ríos y
arroyos, se infiltran hacia las napas subterráneas y se adsorben a
partículas de suelo que son transportadas por el viento. Una vez
liberados al ambiente, son incontrolables.
Las Buenas Prácticas Agrícolas son necesarias pero absolutamente
insuficientes. Aun cuando se sigan al pie de la letra, no pueden, de
ninguna manera, proteger a la población ni a los ecosistemas.
Resulta indispensable hacer estudios epidemiológicos, en especial en
niños y niñas, de las comunidades educativas rurales del Partido de
Tandil.
El equipo de trabajo estuvo compuesto por Graciela Canziani, Virginia Aparicio,
Agustina Cortelezzi, Eduardo De Gerónimo, Soledad Fontanarrosa y Adela
Tisnés; entre otros docentes, investigadores, estudiantes y graduados
que integran el proyecto de Voluntariado Universitario.
El trabajo puede descargarse de bit.ly/InformeEcoAgricultura
La presentación puede verse en: https://youtu.be/Dtrgn3Wp0ws
REENVIAMOS 12 de junio de 2020 AGROQUÍMICOS BIOCIDAS EN ESCUELAS RURALES DE TANDIL Investigadores, docentes y alumnos de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) detectaron la presencia de agroquímicos biocidas en suelo y agua de pozo en las 15 escuelas rurales participantes del proyecto de extensión. Estas conclusiones surgen en el informe “Agroquímicos plaguicidas en Escuelas Rurales del Partido de Tandil” que fue presentado ayer. El trabajo detectó la presencia de 16 ingredientes activos de formulados de plaguicidas. Todas las escuelas estaban contaminadas, algunas con hasta 8 de estos productos. El informe pone en evidencia el riesgo que corre la comunidad educativa rural del partido, así como la población cercana a los establecimientos educativos. Muchos de los plaguicidas encontrados en las muestras son genotóxicos, neurotóxicos, carcinogénicos y/o disruptores endocrinos, capaces de generar efectos nocivos a la salud a muy bajas dosis. Está comprobado que las personas expuestas una o repetidas veces a estos agroquímicos biocidas elevan su posibilidad de desarrollar enfermedades con el tiempo. Algunas de estas sustancias no han sido todavía suficientemente estudiadas, lo cual no implica que sean inocuas. En la totalidad de las escuelas relevadas por los investigadores de la UNICEN se detectaron sustancias tóxicas. En el agua se encontró con mayor frecuencia Metsulfurón metil (en el 89% de las muestras), Atz-desetil (metabolito de Atrazina, en 77% de las muestras) y Diclosulam (67%), En las muestras de suelo los ingredientes activos más frecuentes fueron Atrazina y su metabolito Atz-OH (63% y 69% de las muestras respectivamente), AMPA (metabolito del Glifosato, 69%), Glifosato (56%) y 2,4-D (50% de las muestras). El trabajo de extensión universitaria señala que: Los agroquímicos biocidas se difunden en el aire por efecto de las derivas primarias, secundarias y terciarias, se escurren hacia ríos y arroyos, se infiltran hacia las napas subterráneas y se adsorben a partículas de suelo que son transportadas por el viento. Una vez liberados al ambiente, son incontrolables. Las Buenas Prácticas Agrícolas son necesarias pero absolutamente insuficientes. Aun cuando se sigan al pie de la letra, no pueden, de ninguna manera, proteger a la población ni a los ecosistemas. Resulta indispensable hacer estudios epidemiológicos, en especial en niños y niñas, de las comunidades educativas rurales del Partido de Tandil.
El equipo de trabajo estuvo compuesto por Graciela Canziani, Virginia Aparicio, Agustina Cortelezzi, Eduardo De Gerónimo, Soledad Fontanarrosa y Adela Tisnés; entre otros docentes, investigadores, estudiantes y graduados que integran el proyecto de Voluntariado Universitario.
El trabajo puede descargarse de bit.ly/InformeEcoAgricultura La presentación puede verse en: https://youtu.be/Dtrgn3Wp0ws
Un video grabado por un vecino evidencia que un «mosquito» pulveriza
y fumiga en un predio a pocos metros de sus casas, en Gardey, un
pequeño pueblo turístico del Partido de Tandil. No es la primera vez que
Gerardo y su familia ven y sufren la actividad que se realiza en el
campo que tienen frente a su casa, cruzando la calle de tierra,
perteneciente a la estancia «Don Juan». Tampoco es la primera vez que
Gerardo y sus vecinos denuncian que esos químicos llegan hasta sus
pulmones y los de sus hijos, y caen como garúa finita sobre sus plantas
y sus mascotas.
El jueves 11 de junio de 2020 el video grabado por Gerardo en el que
se ve al mosquito fumigando a pocos metros de la puerta de su casa, un
día de viento norte que hacía que la deriva llevara los químicos
directamente hasta su comedor, recorrió y se multiplicó en las redes
sociales.
Los afectados se organizaron en una Junta Vecinal y desde allí, en
conjunto reclaman a los concejales que se modifique la ordenanza
Nº12.316/2011; presentaron una acción judicial antes del ASPO
(Aislamiento Social Preventivo y obligatorio) para preservar su salud y
la de las generaciones futuras en Gardey, barrio escuela Nº 33, «La
Porteña» y «Monte Callado», y, reabren el debate, al menos en la
sociedad, ya que el tratamiento formal se encuentra dormido en la
comisión de Producción del Concejo Deliberante de Tandil.
Por otra parte entablaron una acción judicial solicitando una medida
cautelar para prohibir las aplicaciones de los «mosquitos» a menos 1500
metros desde sus viviendas. Esta acción fue rechazada y aguardan se
habiliten los tribunales para que se reanude el plazo y puedan apelar.
.
El marco legal que regula las fumigaciones en Tandil.
La Ordenanza Nº 12.316/11 aprobada el 14 de abril de 2011 por el
Concejo Deliberante de Tandil establece dentro de las indicadas como
«Zona Urbana y Área Complementaria» en el plano 4 de Zonificación del
Plan de Desarrollo Territorial (Plano en Anexo I), la utilización de
productos químicos de uso agropecuario destinado a la aplicación en el
control y/o manejo de adversidades o a la fertilización agrícola y/o
forestal.
En el inciso b)- del artículo 1º citado en el párrafo precedente, se
establece que: «b)Hasta 300 mts del límite exterior de las Zonas A y B
de María Ignacia, Gardey y de la última línea de edificación en el resto
de los núcleos de población consolidada: Corresponderán las mismas
regulaciones que en la denominada «Zona Adyacente Ampliada».
c)- Las Áreas comprendidas en los puntos a) y b) del pre- sente artículo, integrarán la denominada «Área Total».
La ordenanza local toma las recomentadaciones, en forma parcial de
organismos internacionales cmo la Organización Mundial de la Salud OMS y
establece que «Se regula la aplicación de productos agroquímicos y/o
plaguicidas en el «Área Total» determinada en el artículo 1º; donde solo
se podrán utilizar productos clasificados según su toxicidad por
lOrganización Mundial de la Salud (OMS) como Clase III y IV. Dichos
productos corresponden a la categoría banda azul y verde de la
Organización Mundial de la Salud (OMS)».
Por su parte en el ARTÍCULO 7º dispone que «Queda prohibida dentro
del Partido de Tandil, la aplicación de agroquímicos por vía aérea o
terrestre, en lotes que se encuentren a menos de 150 metros de
establecimientos escolares, centros de salud, establecimientos
elaboradores de productos alimenticios».
Pero ¿Por qué se aplica el artículo 7º en el caso de Gardey; barrio
escuela Nº 33, «La Porteña» y «Monte Callado» y no los 300 metros
dispuestos en el inciso B) del artículo 1º ?
De todas formas, en el caso del video pone en evidencia que hay menos
de 150 metros desde donde pasa el mosquito hasta las puertas de las
viviendas, y con viento Norte se sabe que el alcance del agroquímico es
mayor por la deriva.-
.
La Provincia de Buenos Aires cuenta con una Ley de Agroquímicos que
data de hace aproximadamente 30 años, complementada por su
reglamentación y algunas resoluciones ministeriales.. La norma está en
proceso de revisión en la legislatura provincial desde hace varios años y
sobre el final de la gestión del gobierno2015-2019 se arribó a un
texto reglamentario actualizado que tampoco llegó a ver la luz e
implementarse. Hubo varios proyectos en danza que no han logrado el
consenso necesario para transformarse en Ley, y/o han perdido estado
parlamentario. Ante esta situación general en la provincia.se
propició la firma de convenios con municipios para favorecer las
acciones de control aprovechando la sinergia de la actuación coordinada
entre los órganos municipales y los provinciales. Dentro de los
artículos de esta resolución, se promueve la correcta implementación de
las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA)a través de convenios. Más de 40 municipios firmaron el convenio para implementar esta normativa.-
La intervención del Poder Ejecutivo de Tandil: «cuando hemos tenido que actuar de oficio, lo hicimos».-
El Licenciado en Gestión Ambiental Héctor Creparula, responsable del
área de Medio ambiente de Tandil en diálogo con Convergencias expresó
que «Cuando recibimos una denuncia constatamos si hay alguna infracción,
cualquiera sea la ordenanza, tanto en industria, el comercio o con el
campo. Esta es la Ordenanza que hay, en todo caso hay que rever y eso
está en un proyecto en el Concejo Deliberante. Le corresponde al
legislativo hacer un cambio ante un hecho claro de conflicto de uso de
sueldo aparte de un pedido de mucha gente»
«La metodología es constatar el lugar, ver que se hizo. En el caso
especifico de los campos ver de quien es. En el caso del video ya lo
hemos infraccionado porque no ha hecho lo que dice la normativa. Muchas
veces actuamos de oficio porque te llega el video. Nosotros estamos en
contacto con los vecinos», detalló el Héctor Creparula.
«Acá a veces te encontrás con un potrero y ¿a quien notificas que
está haciendo algo mal? nosotros llegamos a un acuerdo con los Juzgados
de Faltas. Hacemos una infracción al dueño y después si el dueño no es
el responsable de la infracción le pasará la multa al que lo hizo, sino
es imposible. No se puede correr un mosquito.», refirió el responsable
del área de Medio Ambiente de Tandil y agregó «En el 2011 cuando salió
nuestra ordenanza no había muchas ordenanzas en municipios de la
Provincia de Buenos Aires, una de la más atrasadas en materia
medioambiental en todo el país. Tenés el ejemplo del 2-4D prohibido en
casi todas las provincia y nosotros tenemos épocas que sí y épocas que
no. Las leyes tienen que ser dinámicas. Te tenes que dar permiso a que
van cambiando las tecnologías, que las ciudades como Gardey han avanzado
sobre el campo. A esa ordenanza vigente le faltan muchas cosas de las
que hoy se habla como las derivas, la receta agronómica que hace poco
más de un años y medio que se cumple».
«Al contacto con los vecinos lo tengo a diario. Muchas veces les
tengo que decir tristemente no está en la reglamentación, y lo que
hacen está previsto en la ordenanza».
«Había viento Norte. Fumigaban para el lado de las casas, si. Paramos
la aplicación, nos dijo la ingeniera que actuó en esta fumigación»,
detalló Creparula.
Desde Convergencias nos hemos puesto en contacto con algunos
concejales, pero al momento de la publicación de esta nota, no hemos
tenido respuesta, la que aguardarmos para una próxima publicación.
.
La acción judicial de los vecinos de Gardey que espera se reanude la actividad de los Tribunales.
Un grupo de vecinos de la localidad de Gardey, se organizaron para
llevar adelante acciones que tiendan a evitar los efectos nocivos para
la salud que produce la actividad de los fumigadores en una comunidad
que creció y se urbanizó en medio del campo pero que la legislación
local no se adaptó a dicho cambio.
Las viviendas de estas personas se encuentran frente o próximas a
los predios fumigados entendieron que existían razones suficientes para
solicitar a los concejales la adecuación de la ordenanza 12.316/2011
pero también consideraron que la situación ameritaba realizar acciones
urgentes. en razón de esto último presentaron una medida cautelar dada
la afectación del bien tutelado: la salud y la integridad física.
En la acción judicial entablada los vecinos solicitan se disponga la
inmediata suspensión de toda actividad de fumigación terrestre con
agrotóxicos que se realice a una distancia menor a 1.500 metros de la
zona urbana, núcleos de viviendas habitadas, escuelas rurales, postas
sanitarias, cursos de agua -arroyos, lagunas- villas recreativas o
deportivas en el partido de Tandil. Y por otra, pide que se ordene la
prohibición inmediata de tránsito de maquinaria de fumigación por las
calles y caminos de la zona urbana, tanto de vehículos autopropulsados
-mosquitos- como de tanques cisternas arrastrados por otros vehículos en
el mismo partido de Tandil.
El juez Francisco Augusto Blanc, titular del Juzgado en lo civil y
comercial Nº2 de Tantil, se expidió y resolvió en marzo de 2020,
sentencia que quedó notificada un día antes que comience el ASPO. Blanco
entendió que «Siendo de público y notorio conocimiento que en el
partido de Tandil hay un amplio desarrollo de la explotación agrícola en
la que es habitual el uso de agroquímicos o productos fitosanitarios
cuyo fin es proteger los cultivos de plagas, malezas y enfermedades; que
dicha actividad, en ocasiones se lleva adelante en lugares cercanos a
poblados, parajes, zonas de esparcimiento y recreo, etc.; que los
productos fitosanitarios deben ser utilizados de manera responsable y
siguiendo determinadas pautas de aplicación, siendo publicitado que su
uso de manera contraria a tales indicaciones puede generar problemas a
la salud y el medio ambiente; entiendo que debe buscarse un equilibrio
entre la productividad de la actividad agrícola, el cuidado del ambiente
y el desarrollo integral de la sociedad.-Por ello, en función de las
facultades otorgadas por los artículos 1710 y 1713 del nuevo Código
Civil y Comercial de la Nación, como medida preventiva, hasta tanto se
produzca prueba que permita conocer de manera certera los efectos y
consecuencias que la aplicación de agroquímicos están produciendo o
podrían producir a los actores y demás personas involucradas y/o al
medio ambiente y, sin perjuicio de la subsistencia de las mismas en caso
de considerarlo ello prudente y beneficioso a los fines de evitar
futuros daños a la comunidad».-
Luego de expresar los considerandos precedentemente citados, el Juez
natural de la causa no hace lugar a la suspensión de las fumigaciones y
dispone que: «1.- Previamente a la aplicación de productos
fitosanitarios en las llamadas zonas de amortiguación -determinadas en
la Ordenanza Municipal 12.316/2011- las demandadas deberán dar aviso en
las presentes actuaciones y al agrónomo que en virtud de lo que se
dispone al punto 3.- de la presente pudiera intervenir como contralor
por los actores. Al mismo se le podrá notificar por What’s App. Ambos
avisos deberán formalizarse con 72 hs. de anticipación, adjuntando copia
de la receta agronómica, la que deberá ser suscripta por Ingeniero
Agrónomo Matriculado, profesional que deberá indicar el producto de
menor peligrosidad o toxicidad posible para el objetivo perseguido.-2.-
En las zonas detalladas en el art. 1° Ord. 12.316/2011, en el momento de
la aplicación deberá estar presente el Ingeniero Agrónomo responsable,
quien en cumplimiento de buenas prácticas agrícolas, deberá verificar:
a) que el producto aplicado sea el indicado en la receta agronómica; b)
que el mismo se prepare conforme las especificaciones y recomendaciones
del fabricante; c) las condiciones climáticas y meteorológicas
existentes en el momento de aplicación, absteniéndose de aplicarlo en
caso de condiciones adversas; d) controlar las características y estado
de la máquina aplicadora; e) asegurarse que el tratamiento de los
envases vacíos de agroquímicos, se realice conforme las recomendaciones d
el fabricante o elaborador; f) tomar toda otra medida tendiente a
asegurar una gestión responsable de los productos fitosanitarios que se
apliquen.-3.- Los actores podrán designar ingeniero agrónomo matriculado
que controle el correcto cumplimiento de lo dispuesto en los puntos
precedentes.-Queda claro que ello no importa posibilidad de oponerse al
producto elegido por el profesional interviniente por los demandados. Y
que en caso de considerarse que se incumple con la pauta fijada de menor
peligrosidad o toxicidad del punto 1) para el caso concreto, ello será
materia de prueba y resolución al momento de dictar sentencia.-Del mismo
modo, el profesional agrónomo que designen los actores, podrá informar
cualquier incumplimiento que se observe a las pautas fijadas en el punto
2) de la presente, lo que será materia de prueba en cuanto a la
gravedad de la violación y en su caso se impondrán las multas
siguientes.-4.- Sin perjuicio de las sanciones administrativas que
correspondan por aplicación de normas provinciales y/o municipales, ante
cada incumplimiento de lo aquí ordenado en que incurran los demandados
se ha de fijar -al momento de dictar sentencia y de acuerdo a la prueba
que se produzca en autos en cuanto a la gravedad de cada incumplimiento-
y teniendo en cuenta los derechos involucrados una multa entre el 5% y
el 50% del rinde por hectárea del cultivo del que se trate.-5.- En
cuanto al tránsito de equipos de aplicación terrestre de fitosanitarios
por las calles y caminos de la zona urbana, tanto de vehículos
autopropulsados -mosquitos- como de tanques cisternas arrastrados por
otros vehículos en el mismo partido, estese a lo dispuesto por el art.
34 decreto 499/91 y a lo dispuesto por el art. 5 de la Ordenanza
Municipal 12316.-Hágase saber ello a las dependencias policiales de la
ciudad a fin de que labren acta de cualquier violación, informen
inmediatamente al suscripto y a la Municipio de Tandil, y procedan, en
lo pertinente, conforme art. 12 de la Ordenanza Municipal
12316.-Líbrense las piezas que fueren menester a fin de cumplir con
dichas medidas».-
«Es loco lo resuelve el juez. Precisamente ayer se conoció un informe
que un estudio que hicieron en escuelas rurales de Tandil y salió que
hay hasta 16 agrotóxicos en agua y suelo. Quien encabeza el proyecto es
la Dra. Graciela Canziani que es quien trabajó en uno de los proyectos
presentados en el Concejo Deliberante de Tandil para modificar la
ordenanza 12.316/2011», expresó Pablo un vecino de Gardey e integrante
de la Junta vecinal al ser consultado por Convergencias.
«Es preocupante la decisión del Juez» plantea Luci, otra vecina que
refuerza «Es gravísimo lo que nos plantea que hasta que no se entienda
que haya pruebas que los agroquímicos causan daño en su salud de los
actores no puede llevar adelante nuestro pedido de alejar las
fumigaciones 1500 metros».
En la acción judicial contra particulares que realizan fumigaciones,
los vecinos fueron patrocinados por los abogados ambientalistas Miguel
Ibarlucia y Lucas Landivar, este último integrante de la Red Nacional
de abogados de Pueblso Fumigados. «Vamos a apelar el fallo ni bien se
retome el plazo cuando se reanude la actividad judicial», informó Luci
en refrencia a la suspensión del plazo por la vigencia de la cuarentena
en la que la Justicia no habilitó días y horas inhábiles para resolver
esta cuestión.-
.
Informe sobre Agroquímicos Plaguicidas en Escuelas Rurales del Partido de Tandil.-
El jueves 11 de junio fue presentado el informe elaborado por
integrantes de los proyectos de Voluntariado Universitario
EcoAgricultura y EcoAgricultura II. Se detallará el propósito del
trabajo, así como la metodología utilizada y las tareas de muestreo de
suelo y agua realizadas en las 15 escuelas rurales que participaron en
los proyectos mencionados. Se conversará sobre los resultados de los
análisis, su significado y los efectos tóxicos en la salud y en el
ambiente de los ingredientes activos detectados.
Los proyectos fueron desarrollados por estudiantes y graduados de las
carreras de Licenciatura en Tecnología Ambiental, Licenciatura en
Diagnóstico y Gestión Ambiental y estudiantes del Doctorado en Ciencias
Aplicadas Mención Ambiente y Salud, asesorados por
docentes/investigadoras de las Facultades de Ciencias Exactas, Ciencias
Humanas y Ciencias Veterinarias, conjuntamente con la Jefatura Distrital
de Tandil y el Centro Cultural “La Compañía”, financiados a través del
programa Compromiso Social Universitario de la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Dtrgn3Wp0ws&feature=emb_logo
Elaborado por integrantes de los proyectos de Voluntariado Universitario
EcoAgricultura y EcoAgricultura II. Se detallará el propósito del
trabajo, así como la metodología utilizada y las tareas de muestreo de
suelo y agua realizadas en las 15 escuelas rurales que participaron en
los proyectos mencionados. Se conversará sobre los resultados de los
análisis, su significado y los efectos tóxicos en la salud y en el
ambiente de los ingredientes activos detectados.
Los proyectos fueron desarrollados por estudiantes y graduados de las
carreras de Licenciatura en Tecnología Ambiental, Licenciatura en
Diagnóstico y Gestión Ambiental y estudiantes del Doctorado en Ciencias
Aplicadas Mención Ambiente y Salud, asesorados por
docentes/investigadoras de las Facultades de Ciencias Exactas, Ciencias
Humanas y Ciencias Veterinarias, conjuntamente con la Jefatura Distrital
de Tandil y el Centro Cultural “La Compañía”, financiados a través del
programa Compromiso Social Universitario de la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación.
Sobre el final del 2019 la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable
demandó a productores por fumigar sobre zonas urbanas. Pidieron que la
práctica se detenga cuando sea a una distancia menor de 1500 metros. El
juez lo rechazó y ellos decidieron apelar. Creen que hay desconocimiento
e ignorancia sobre lo que producen los agrotóxicos.
El juez desestimó el pedido de los vecinos de La Porteña de detener las
fumigaciones en zona urbana, por considerar que no hay pruebas sobre
los efectos y consecuencias. Ante esa determinación, los agrupados en la
Junta Vecinal por un Ambiente Saludable decidieron apelar la medida y
hablaron de falta de compromiso y de conocimiento.
Desde ese grupo, en diciembre de 2019, realizaron una demanda
judicial a productores agrícolas del partido de Tandil, cuyas prácticas
perjudicarían la salud de los habitantes y del ambiente. La presentación
fue realizada en el Juzgado en lo Civil y Comercial 2 de Azul, con
asiento en esta ciudad, a cargo del juez Francisco Augusto Blanc.
“Con la intención de lograr de manera inmediata detener estas
prácticas nocivas solicitamos al juez que dictamine una medida cautelar
que disponga la inmediata suspensión de fumigaciones terrestres que se
realicen a una distancia menor de 1500 metros de la zona urbana, núcleos
de viviendas, escuelas rurales, y cursos de agua”, recordó Silvia
Gómez, vocera de la Junta.
Además, solicitaron que se ordene la prohibición del tránsito de
maquinaria fumigadora, conocida como mosquitos, por caminos y calles de
zonas pobladas.
Luego de la feria judicial, el 13 de marzo pasado, recibieron la
respuesta del juez, enterándose de que desestimó el pedido de distanciar
las fumigaciones de sus casas hasta tanto se produzca prueba que
permita conocer de manera certera los efectos y consecuencias que los
agroquímicos están produciendo o podrían producir a los actores y demás
personas involucradas y /o al medioambiente. “Desconoce e ignora”
Para los vecinos, el juez ignoró la mayoría del material que le
adjuntaron, donde se señalan los daños y enfermedades que causan los
venenos utilizados por el modelo agrícola actual. “Desconoce que en todo
el país, y en el mundo, se están realizando demandas denunciando
consecuencias directas a la salud de niños, de docentes de escuelas
rurales, y de población en general; desconoce las muertes y enfermedades
a borbotones que derivan de dicho modelo agrícola”, enfatizaron.
Asimismo, indicaron que “Blanc justifica el uso de
fitosanitarios, como los llama en la causa, manifestando que solamente
se tienen que respetar las buenas prácticas agrícolas en las zonas de
amortiguamiento. De esta manera, el juez está ignorando acerca de lo que
en verdad son las llamadas buenas prácticas y el fraude de la
clasificación toxicológica”, advirtió Gómez, reflejando la indignación
de los afectados.
También, aseguró que la determinación tomada indica que desconoce
que existe otra manera de producir alimentos, como la producción
agroecológica.
Por lo cual, la resolución dictada por Blanc, para la Junta
Vecinal por un Ambiente Saludable, simplemente reafirma la ordenanza
municipal actual, diferenciándola de tan sólo la eventualidad de avisar
cuando van a fumigar cerca y la posibilidad de que designen un ingeniero
agrónomo el cual solamente actuaría como veedor ante irregularidades.
“Así lo enfrentaría a otro ingeniero agrónomo, el contratado por el
campo cultivado, además de que sus honorarios correrían por cuenta de
nosotros”, se quejaron.
Apelación
“Este dictamen nos parece una falta de compromiso, siendo que en
los últimos años se han dado muchísimas experiencias, hay muchísimos
antecedentes de medidas cautelares a favor de la salud, en diferentes
localidades”, aseveraron a través de Silvia Gómez, y destacaron que hoy
en día hay muchísimos precedentes jurisprudenciales.
Según su apreciación, el juez ratifica las débiles restricciones
de la ordenanza actual, y no amplía el efecto de las medidas a todo el
universo de las aplicaciones, sino sólo a los demandados. De esta
manera, consideraron que no está garantizando la salud de la comunidad
de Tandil, “como tampoco lo hace la ordenanza actual municipal”.
Es por esto que revelaron que van a insistir y apelarán la
resolución, “porque lo están pidiendo las familias y la naturaleza
tambien. El juez está actuando a contra derecho y nuestros abogados
elevaran la causa al Juzgado de Apelaciones de Azul para que revean la
medida”, informaron.
Finalmente, compartieron una reflexión que deja su postura en claro, totalmente disidente con la de Blanc.
“El juez habla de equilibrio entre la producción y la salud, pero
no existe tal equilibrio si se está asperjando venenos por todo nuestro
alrededor: a la tierra, a las personas, a los alimentos que comemos.
Estamos en un momento crítico, es necesario componer nuevas prácticas
agrícolas, que vayan por el mismo sendero que la naturaleza, que la
salud, que la vida. No en contra. No nos oponemos a la producción, sólo
queremos que la producción de alimentos sea sana, que la gente no
enferme por ser fumigada; que no enfermemos por comer comida llena de
agrotóxicos, que el aire que respiramos no este envenenado con ellos”,
subrayaron.
Advirtieron, así, que es urgente replantear como sociedad qué
mundo se quiere seguir construyendo y, que la forma que se elija para
producir alimentos será clave para saber si se podrá seguir habitando
este planeta.
"Nos indignó, nos parece anti ético y anti humano su fallo", dijo Lucía
Mestre ante el dictamen de primera instancia. Irán a la Alzada
asesorados por los abogados Ibarlucía y Landivar
Lucía Mestre, vecina del paraje "La Porteña",
recordó que en Diciembre de 2019 junto a ciudadanos de Gadey y Paraje El
Gallo, más establecimientos educativos, realizar una asamblea para
contrarrestar los efectos de las fumigaciones de campos linderos que
afectan a la salud.
Tras 6 meses de investigación de la normativa
municipal, y un nuevo proyecto de ordenanza que regularice con nuevas
distancias de acuerdo a las nuevas realidades, presentaron una demanda
en el Juzgado Civil y Comercial 2, a cargo del doctor Francisco Blanc.
"Le
presentamos documentación científica y jurisprudencia en la Provincia,
donde las fumigaciones afectaban la salud de las familias. Pasó la feria
judicial y el 13 de Marzo se expidió el magistrado. Le habíamos pedido
que hasta tanto se regularicen las distancias, dictamine una cautelar de
1.500 metros", .
"Nos indignó, nos parece anti ético y anti
humano su fallo. Blanc indicó en la sentencia que "debe buscarse un
equilibrio entre la actividad agrícola, el medio ambiente y el desarrolo
integral de la sociedad. Pero no dictamina los 1.500 metros de
distancia hasta tanto no se produzca prueba sobre los efectos y
consecuencias que la aplicación de agroquímicos están produciendo",
manifestó Mestre en diálogo con LA VOZ.
Para los vecinos, el juez
necesita que "uno de nosotros se enferme para dar curso a nuestro
reclamo, así demostraríamos fehacientemente el efecto".
"Estas
empresas exigen pruebas directas y fehacientes, no podemos someter al
humano a los agrotóxicos para demostrar que hacen mal a la salud, que
son tóxicos", adujo.
La entrevistada recordó que "en la cautelar
le pedimos a Blanc que detenga la circulación de mosquitos (maquinaria
pesada), que son los que aplican los agrotóxicos. Las buenas prácticas
agrícolas son procedimientos impulsados por las fábricas de venenos.
Cuando no hay una regulación y una norma, las buenas prácticas si son a
media cuadra de mi casa no son medias prácticas".
"El juez actúa
contra derecho, desoyendo otros fallos en la provincia de Buenos Aires,
desoye el material científico donde demuestra el vínculo entre la
exposición y las enfermedades. Vamos a apelar esperando que se abra la
Cámara de Apelación de Azul. Lo pedimos las familias y la tierra,
estamos muy atentos a la salud del planeta. Esto es parte de lo mismo,
lo que nos salva de no enfermar es nuestro sistema inmune, las 12
millones de personas que viven en pueblos fumigados hoy están expuestas a
que los tóxicos lleguen a sus casas", anticipó la lugareña.
La
ordenanza actual es muy "vaga en cuanto a lo que dispone, en lo único es
el artículo 7 que establece una distancia de 150 metros, menos de una
cuadra, de establecimientos escolares. Por eso hicimos la denuncia en la
oficina de Medio Ambiente. El campo al lado de la Escuela 33 es
anecdótico, el municipio nos dio la razón, porque se fumigó a cero
metros de la escuela, lo dicen los estudios de la Universidad del
Centro".
"Estamos trabajando con dos abogados, con el doctor
Miguel Ibarlucía a nivel local, y el doctor Lucas Landivar, abogado
ambientalista especialista con grandes logros como la cautelar que logró
en el partido de general Pueyrredón", culminó.
La afirmación fue realizada en diálogo con ABCHoyRadio (89.1 FM) por una
de las integrantes de la Junta Vecinal “Por un Ambiente Saludable”
María Lucía Mestre. La denuncia fue realizada en diciembre del año
pasado. El grupo resolvió apelar la resolución del Juzgado Civil y
Comercial Nº 2 de Tandil.
En la nota realizada este lunes en la radio del Portal de Noticias
ABChoy, la señora María Lucía Mestre, integrantes de la Junta Vecinal
“Por un ambiente saludable”, afirmó que “Cuando decidimos la acción
judicial, no la hicimos como vecinos del Paraje La Porteña, sino
demandando en conjunto con padres de escuelas rurales de Gardey y El
Gallo, ahora se nos fue de las manos, fue muy grave y es anecdótico. Un
problema sobre todo en el partido, y al no tener avances en el ámbito
municipal resolvimos en diciembre 2019 pasarlo a lo judicial con esta
demanda hacia algunos productores”.
Añadió que “cuando el 13 de marzo, el juez se expide, lo que nosotros
le pedíamos, hasta tanto la situación de la fumigación se regularice
con una nueva ordenanza o se manden estudios, el aleje las fumigaciones
de nuestras casas, de los arroyos, de las escuelas rurales, porque los
cursos de agua del partido están siendo contaminados también. Esta causa
nos queda como actores pero también defendiendo el ambiente”.
Por otra parte, manifestó que “nosotros sabíamos que por estudiar,
investigar, casos parecidos en otros lugares que uno pide determina
cantidad, pedíamos una medida cautelar de 1.500 metros, que aleje las
fumigaciones de nuestras casas y nuestras escuelas, y pensamos veremos
que sucede cuanto nos da. Y el Juez Blanc (Francisco, titular del
Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de Tandil) en su dictamen y lo voy a leer
textual contundente y lo que a nosotros “NOS INDIGNA, NOS HACE SALIR A
LOS MEDIOS A DECIR QUE EL DOCTOR BLANC NO NOS ESTA CUIDANDO, NO ESTA
VELANDO POR NUESTRO DERECHO A LA SALUD”.
Mestre resaltó que el magistrado manifiesta que “él entiende que debe
buscarse el equilibrio entre la actividad agrícola, el cuidado del
ambiente y el desarrollo integral de la sociedad”. Pero él no dictamina
la distancia de 1.500 metros “hasta tanto se produzca prueba que permita
conocer de manera certera los efectos y consecuencias que la aplicación
de agroquímicos están produciendo o podrían producir a los actores y
demás personas involucrados, y o al medio ambiente. Es decir, el juez
necesita que uno de nosotros enferme”.
Al preguntarle si es como “una especie de certificado de cáncer”, a
lo que la mujer señaló que, "es así, es bajarlo como una línea más
directa. Lo que sabía del director de la Red de Pueblos Fumigados, no
podemos experimentar con humanos, y que desavenencias a la salud le trae
meterle agroquímicos de manera directa, eso no es ético, este juez no
nos está defendiendo. Está actuando contra derecho desoyendo fallos ya
resueltos. No pedimos nada nuevo ni nada desubicado, esto ya ocurrió en
Pergamino, en Exaltación de la Cruz”.
Añadió la vecina que “para colmo, la ordenanza actual es muy pobre y
de muy escaso alcance en cuanto a las fumigaciones, hasta tanto no se
empiece a tratar en el concejo deliberante el anteproyecto de ordenanza
presentado por la Dra. Graciela Canziani que ustedes entrevistaron el
año pasado, por lo tanto hasta que esto no empiece a tratarse, tenemos
que seguir por la vía judicial, Lo pedimos por nosotros, por nuestras
familias, por la naturaleza. Es el momento que esto cambie”.
Apelarán el fallo
En este sentido María Mestre dijo que “nosotros estamos trabajando
con dos abogados, Miguel Ibarlucia nos lleva la causa a nivel local, y
después con uno de los abogados que llevan adelante causas
ambientalistas como Francisco Landibar, quien nos dice que lo que dice
el Juez está mal. Por eso vamos a apelar, estamos esperando que se
levante la cuarentena. En General Pueyrredón llevó causas hasta la
suprema Corte de Justicia que les dieron la razón en la provincia de
Buenos Aires, otorgando los 1000 metros que se venían pidiendo desde
hace mucho. Vamos a apelar porque no solo no estamos de acuerdo con la
resolución, sino con el dictamen. Presentamos cantidad de bibliografía
científica y jurisprudencia, que daba cuenta del daño a la salud que
genera la exposición a los agrotóxicos. Y que quede claro, acá a los
productores demandados son vecinos, no estamos en contra de ellos como
vecinos, sino de las prácticas que dañan nuestra salud. Pero hay otra
manera de producir, nos tenemos que seguir alimentándonos, y pedir que
esa alimentación sea saludable sin venenos, y ellos tienen la
posibilidad de generarlo, es un cambio de paradigma, paulatino, por eso
que pedimos una distancia de amortiguamiento de 1.500 metros”.
Insistió con la ordenanza actual, porque “es muy vaga, en cuanto a lo
que tiene que hacer el productor. En el único momento que establece una
distancia es en el artículo 7 y en relación a escuelas rurales y
establecimientos sanitarios. Entonces por eso hicimos la denuncia por el
campo lindero a la Escuela 33, en diciembre del año pasado, finalmente
el municipio se expide diciendo que los vecinos teníamos razón que se
estaba fumigando a cero metros. En este momento desconozco la práctica
de mis vecinos. Si las fumigaciones se sigue sucediendo, de hecho a
finales de diciembre del año pasado hicimos otra denuncia municipal,
viendo que en un campo vecino con viento de 70 km por hora para nuestro
lado. Por eso pedimos una reglamentación que los coloque en otro estado
de situación van a seguir produciendo como hasta ahora”.
Mestre marcó que “quiero dejar en claro para tener una noción, desde
la coordinación de la Red de Pueblos Fumigados, son 500 millones de
litros por año de agroquímicos que se están descargando en territorio
argentino. Si dividimos eso por los 40 millones de habitantes, son 12
litros de agroquímicos por persona por año, es terrible, esto excede a
nuestra ciudad. Más allá que como vecinos lo que queremos es generar
conciencia vecinal. Muchos papás de escuelas rurales apoyando nuestra
causa. Desde agosto del año pasado, como organización hemos crecido un
montón”.
