SOMOS vecinos del partido de tandil, QUE NOS REÚNE
la necesidad de un ambiente saludable libre de agrotóxicos en el aire,agua ,tierra y alimentos.
PARA QUE:Para informar a la población sobre daños a la salud que genera el uso y exposición a agroquímicos. Para garantizar el cumplimiento de nuestro derecho a vivir en un ambiente sano.Para alentar y promover prácticas agroecológicas de producción de alimentos.COMO: a través de acciones propositivas de difusión entre otras.
Un grupo de extensión de la UNICEN detectó la presencia de agroquímicos
biocidas en suelo y agua de pozo en 15 escuelas rurales. La presentación
se realizó este jueves.
Investigadores, docentes y alumnos de la Universidad Nacional del
Centro (UNICEN) detectaron la presencia de agroquímicos biocidas en
suelo y agua de pozo en las 15 escuelas rurales participantes del
proyecto de extensión. Estas conclusiones surgen en el informe
“Agroquímicos plaguicidas en Escuelas Rurales del Partido de Tandil” que
fue presentado ayer.
El trabajo detectó la presencia de 16 ingredientes activos de
formulados de plaguicidas. Todas las escuelas estaban contaminadas,
algunas con hasta 8 de estos productos.
El informe pone en evidencia el riesgo que corre la comunidad
educativa rural del partido, así como la población cercana a los
establecimientos educativos.
Muchos de los plaguicidas encontrados en las muestras son
genotóxicos, neurotóxicos, carcinogénicos y/o disruptores endocrinos,
capaces de generar efectos nocivos a la salud a muy bajas dosis. Está
comprobado que las personas expuestas una o repetidas veces a estos
agroquímicos biocidas elevan su posibilidad de desarrollar enfermedades
con el tiempo.
Algunas de estas sustancias no han sido todavía suficientemente estudiadas, lo cual no implica que sean inocuas.
En la totalidad de las escuelas relevadas por los investigadores de
la UNICEN se detectaron sustancias tóxicas. En el agua se encontró con
mayor frecuencia Metsulfurón metil (en el 89% de las muestras),
Atz-desetil (metabolito de Atrazina, en 77% de las muestras) y
Diclosulam (67%), En las muestras de suelo los ingredientes activos más
frecuentes fueron Atrazina y su metabolito Atz-OH (63% y 69% de las
muestras respectivamente), AMPA (metabolito del Glifosato, 69%),
Glifosato (56%) y 2,4-D (50% de las muestras).
El trabajo de extensión universitaria señala que:
Los agroquímicos biocidas se difunden en el aire por efecto de las
derivas primarias, secundarias y terciarias, se escurren hacia ríos y
arroyos, se infiltran hacia las napas subterráneas y se adsorben a
partículas de suelo que son transportadas por el viento. Una vez
liberados al ambiente, son incontrolables.
Las Buenas Prácticas Agrícolas son necesarias pero absolutamente
insuficientes. Aun cuando se sigan al pie de la letra, no pueden, de
ninguna manera, proteger a la población ni a los ecosistemas.
Resulta indispensable hacer estudios epidemiológicos, en especial en
niños y niñas, de las comunidades educativas rurales del Partido de
Tandil.
El equipo de trabajo estuvo compuesto por Graciela Canziani, Virginia Aparicio,
Agustina Cortelezzi, Eduardo De Gerónimo, Soledad Fontanarrosa y Adela
Tisnés; entre otros docentes, investigadores, estudiantes y graduados
que integran el proyecto de Voluntariado Universitario.
El trabajo puede descargarse de bit.ly/InformeEcoAgricultura
La presentación puede verse en: https://youtu.be/Dtrgn3Wp0ws
REENVIAMOS 12 de junio de 2020 AGROQUÍMICOS BIOCIDAS EN ESCUELAS RURALES DE TANDIL Investigadores, docentes y alumnos de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) detectaron la presencia de agroquímicos biocidas en suelo y agua de pozo en las 15 escuelas rurales participantes del proyecto de extensión. Estas conclusiones surgen en el informe “Agroquímicos plaguicidas en Escuelas Rurales del Partido de Tandil” que fue presentado ayer. El trabajo detectó la presencia de 16 ingredientes activos de formulados de plaguicidas. Todas las escuelas estaban contaminadas, algunas con hasta 8 de estos productos. El informe pone en evidencia el riesgo que corre la comunidad educativa rural del partido, así como la población cercana a los establecimientos educativos. Muchos de los plaguicidas encontrados en las muestras son genotóxicos, neurotóxicos, carcinogénicos y/o disruptores endocrinos, capaces de generar efectos nocivos a la salud a muy bajas dosis. Está comprobado que las personas expuestas una o repetidas veces a estos agroquímicos biocidas elevan su posibilidad de desarrollar enfermedades con el tiempo. Algunas de estas sustancias no han sido todavía suficientemente estudiadas, lo cual no implica que sean inocuas. En la totalidad de las escuelas relevadas por los investigadores de la UNICEN se detectaron sustancias tóxicas. En el agua se encontró con mayor frecuencia Metsulfurón metil (en el 89% de las muestras), Atz-desetil (metabolito de Atrazina, en 77% de las muestras) y Diclosulam (67%), En las muestras de suelo los ingredientes activos más frecuentes fueron Atrazina y su metabolito Atz-OH (63% y 69% de las muestras respectivamente), AMPA (metabolito del Glifosato, 69%), Glifosato (56%) y 2,4-D (50% de las muestras). El trabajo de extensión universitaria señala que: Los agroquímicos biocidas se difunden en el aire por efecto de las derivas primarias, secundarias y terciarias, se escurren hacia ríos y arroyos, se infiltran hacia las napas subterráneas y se adsorben a partículas de suelo que son transportadas por el viento. Una vez liberados al ambiente, son incontrolables. Las Buenas Prácticas Agrícolas son necesarias pero absolutamente insuficientes. Aun cuando se sigan al pie de la letra, no pueden, de ninguna manera, proteger a la población ni a los ecosistemas. Resulta indispensable hacer estudios epidemiológicos, en especial en niños y niñas, de las comunidades educativas rurales del Partido de Tandil.
El equipo de trabajo estuvo compuesto por Graciela Canziani, Virginia Aparicio, Agustina Cortelezzi, Eduardo De Gerónimo, Soledad Fontanarrosa y Adela Tisnés; entre otros docentes, investigadores, estudiantes y graduados que integran el proyecto de Voluntariado Universitario.
El trabajo puede descargarse de bit.ly/InformeEcoAgricultura La presentación puede verse en: https://youtu.be/Dtrgn3Wp0ws
Un video grabado por un vecino evidencia que un «mosquito» pulveriza
y fumiga en un predio a pocos metros de sus casas, en Gardey, un
pequeño pueblo turístico del Partido de Tandil. No es la primera vez que
Gerardo y su familia ven y sufren la actividad que se realiza en el
campo que tienen frente a su casa, cruzando la calle de tierra,
perteneciente a la estancia «Don Juan». Tampoco es la primera vez que
Gerardo y sus vecinos denuncian que esos químicos llegan hasta sus
pulmones y los de sus hijos, y caen como garúa finita sobre sus plantas
y sus mascotas.
El jueves 11 de junio de 2020 el video grabado por Gerardo en el que
se ve al mosquito fumigando a pocos metros de la puerta de su casa, un
día de viento norte que hacía que la deriva llevara los químicos
directamente hasta su comedor, recorrió y se multiplicó en las redes
sociales.
Los afectados se organizaron en una Junta Vecinal y desde allí, en
conjunto reclaman a los concejales que se modifique la ordenanza
Nº12.316/2011; presentaron una acción judicial antes del ASPO
(Aislamiento Social Preventivo y obligatorio) para preservar su salud y
la de las generaciones futuras en Gardey, barrio escuela Nº 33, «La
Porteña» y «Monte Callado», y, reabren el debate, al menos en la
sociedad, ya que el tratamiento formal se encuentra dormido en la
comisión de Producción del Concejo Deliberante de Tandil.
Por otra parte entablaron una acción judicial solicitando una medida
cautelar para prohibir las aplicaciones de los «mosquitos» a menos 1500
metros desde sus viviendas. Esta acción fue rechazada y aguardan se
habiliten los tribunales para que se reanude el plazo y puedan apelar.
.
El marco legal que regula las fumigaciones en Tandil.
La Ordenanza Nº 12.316/11 aprobada el 14 de abril de 2011 por el
Concejo Deliberante de Tandil establece dentro de las indicadas como
«Zona Urbana y Área Complementaria» en el plano 4 de Zonificación del
Plan de Desarrollo Territorial (Plano en Anexo I), la utilización de
productos químicos de uso agropecuario destinado a la aplicación en el
control y/o manejo de adversidades o a la fertilización agrícola y/o
forestal.
En el inciso b)- del artículo 1º citado en el párrafo precedente, se
establece que: «b)Hasta 300 mts del límite exterior de las Zonas A y B
de María Ignacia, Gardey y de la última línea de edificación en el resto
de los núcleos de población consolidada: Corresponderán las mismas
regulaciones que en la denominada «Zona Adyacente Ampliada».
c)- Las Áreas comprendidas en los puntos a) y b) del pre- sente artículo, integrarán la denominada «Área Total».
La ordenanza local toma las recomentadaciones, en forma parcial de
organismos internacionales cmo la Organización Mundial de la Salud OMS y
establece que «Se regula la aplicación de productos agroquímicos y/o
plaguicidas en el «Área Total» determinada en el artículo 1º; donde solo
se podrán utilizar productos clasificados según su toxicidad por
lOrganización Mundial de la Salud (OMS) como Clase III y IV. Dichos
productos corresponden a la categoría banda azul y verde de la
Organización Mundial de la Salud (OMS)».
Por su parte en el ARTÍCULO 7º dispone que «Queda prohibida dentro
del Partido de Tandil, la aplicación de agroquímicos por vía aérea o
terrestre, en lotes que se encuentren a menos de 150 metros de
establecimientos escolares, centros de salud, establecimientos
elaboradores de productos alimenticios».
Pero ¿Por qué se aplica el artículo 7º en el caso de Gardey; barrio
escuela Nº 33, «La Porteña» y «Monte Callado» y no los 300 metros
dispuestos en el inciso B) del artículo 1º ?
De todas formas, en el caso del video pone en evidencia que hay menos
de 150 metros desde donde pasa el mosquito hasta las puertas de las
viviendas, y con viento Norte se sabe que el alcance del agroquímico es
mayor por la deriva.-
.
La Provincia de Buenos Aires cuenta con una Ley de Agroquímicos que
data de hace aproximadamente 30 años, complementada por su
reglamentación y algunas resoluciones ministeriales.. La norma está en
proceso de revisión en la legislatura provincial desde hace varios años y
sobre el final de la gestión del gobierno2015-2019 se arribó a un
texto reglamentario actualizado que tampoco llegó a ver la luz e
implementarse. Hubo varios proyectos en danza que no han logrado el
consenso necesario para transformarse en Ley, y/o han perdido estado
parlamentario. Ante esta situación general en la provincia.se
propició la firma de convenios con municipios para favorecer las
acciones de control aprovechando la sinergia de la actuación coordinada
entre los órganos municipales y los provinciales. Dentro de los
artículos de esta resolución, se promueve la correcta implementación de
las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA)a través de convenios. Más de 40 municipios firmaron el convenio para implementar esta normativa.-
La intervención del Poder Ejecutivo de Tandil: «cuando hemos tenido que actuar de oficio, lo hicimos».-
El Licenciado en Gestión Ambiental Héctor Creparula, responsable del
área de Medio ambiente de Tandil en diálogo con Convergencias expresó
que «Cuando recibimos una denuncia constatamos si hay alguna infracción,
cualquiera sea la ordenanza, tanto en industria, el comercio o con el
campo. Esta es la Ordenanza que hay, en todo caso hay que rever y eso
está en un proyecto en el Concejo Deliberante. Le corresponde al
legislativo hacer un cambio ante un hecho claro de conflicto de uso de
sueldo aparte de un pedido de mucha gente»
«La metodología es constatar el lugar, ver que se hizo. En el caso
especifico de los campos ver de quien es. En el caso del video ya lo
hemos infraccionado porque no ha hecho lo que dice la normativa. Muchas
veces actuamos de oficio porque te llega el video. Nosotros estamos en
contacto con los vecinos», detalló el Héctor Creparula.
«Acá a veces te encontrás con un potrero y ¿a quien notificas que
está haciendo algo mal? nosotros llegamos a un acuerdo con los Juzgados
de Faltas. Hacemos una infracción al dueño y después si el dueño no es
el responsable de la infracción le pasará la multa al que lo hizo, sino
es imposible. No se puede correr un mosquito.», refirió el responsable
del área de Medio Ambiente de Tandil y agregó «En el 2011 cuando salió
nuestra ordenanza no había muchas ordenanzas en municipios de la
Provincia de Buenos Aires, una de la más atrasadas en materia
medioambiental en todo el país. Tenés el ejemplo del 2-4D prohibido en
casi todas las provincia y nosotros tenemos épocas que sí y épocas que
no. Las leyes tienen que ser dinámicas. Te tenes que dar permiso a que
van cambiando las tecnologías, que las ciudades como Gardey han avanzado
sobre el campo. A esa ordenanza vigente le faltan muchas cosas de las
que hoy se habla como las derivas, la receta agronómica que hace poco
más de un años y medio que se cumple».
«Al contacto con los vecinos lo tengo a diario. Muchas veces les
tengo que decir tristemente no está en la reglamentación, y lo que
hacen está previsto en la ordenanza».
«Había viento Norte. Fumigaban para el lado de las casas, si. Paramos
la aplicación, nos dijo la ingeniera que actuó en esta fumigación»,
detalló Creparula.
Desde Convergencias nos hemos puesto en contacto con algunos
concejales, pero al momento de la publicación de esta nota, no hemos
tenido respuesta, la que aguardarmos para una próxima publicación.
.
La acción judicial de los vecinos de Gardey que espera se reanude la actividad de los Tribunales.
Un grupo de vecinos de la localidad de Gardey, se organizaron para
llevar adelante acciones que tiendan a evitar los efectos nocivos para
la salud que produce la actividad de los fumigadores en una comunidad
que creció y se urbanizó en medio del campo pero que la legislación
local no se adaptó a dicho cambio.
Las viviendas de estas personas se encuentran frente o próximas a
los predios fumigados entendieron que existían razones suficientes para
solicitar a los concejales la adecuación de la ordenanza 12.316/2011
pero también consideraron que la situación ameritaba realizar acciones
urgentes. en razón de esto último presentaron una medida cautelar dada
la afectación del bien tutelado: la salud y la integridad física.
En la acción judicial entablada los vecinos solicitan se disponga la
inmediata suspensión de toda actividad de fumigación terrestre con
agrotóxicos que se realice a una distancia menor a 1.500 metros de la
zona urbana, núcleos de viviendas habitadas, escuelas rurales, postas
sanitarias, cursos de agua -arroyos, lagunas- villas recreativas o
deportivas en el partido de Tandil. Y por otra, pide que se ordene la
prohibición inmediata de tránsito de maquinaria de fumigación por las
calles y caminos de la zona urbana, tanto de vehículos autopropulsados
-mosquitos- como de tanques cisternas arrastrados por otros vehículos en
el mismo partido de Tandil.
El juez Francisco Augusto Blanc, titular del Juzgado en lo civil y
comercial Nº2 de Tantil, se expidió y resolvió en marzo de 2020,
sentencia que quedó notificada un día antes que comience el ASPO. Blanco
entendió que «Siendo de público y notorio conocimiento que en el
partido de Tandil hay un amplio desarrollo de la explotación agrícola en
la que es habitual el uso de agroquímicos o productos fitosanitarios
cuyo fin es proteger los cultivos de plagas, malezas y enfermedades; que
dicha actividad, en ocasiones se lleva adelante en lugares cercanos a
poblados, parajes, zonas de esparcimiento y recreo, etc.; que los
productos fitosanitarios deben ser utilizados de manera responsable y
siguiendo determinadas pautas de aplicación, siendo publicitado que su
uso de manera contraria a tales indicaciones puede generar problemas a
la salud y el medio ambiente; entiendo que debe buscarse un equilibrio
entre la productividad de la actividad agrícola, el cuidado del ambiente
y el desarrollo integral de la sociedad.-Por ello, en función de las
facultades otorgadas por los artículos 1710 y 1713 del nuevo Código
Civil y Comercial de la Nación, como medida preventiva, hasta tanto se
produzca prueba que permita conocer de manera certera los efectos y
consecuencias que la aplicación de agroquímicos están produciendo o
podrían producir a los actores y demás personas involucradas y/o al
medio ambiente y, sin perjuicio de la subsistencia de las mismas en caso
de considerarlo ello prudente y beneficioso a los fines de evitar
futuros daños a la comunidad».-
Luego de expresar los considerandos precedentemente citados, el Juez
natural de la causa no hace lugar a la suspensión de las fumigaciones y
dispone que: «1.- Previamente a la aplicación de productos
fitosanitarios en las llamadas zonas de amortiguación -determinadas en
la Ordenanza Municipal 12.316/2011- las demandadas deberán dar aviso en
las presentes actuaciones y al agrónomo que en virtud de lo que se
dispone al punto 3.- de la presente pudiera intervenir como contralor
por los actores. Al mismo se le podrá notificar por What’s App. Ambos
avisos deberán formalizarse con 72 hs. de anticipación, adjuntando copia
de la receta agronómica, la que deberá ser suscripta por Ingeniero
Agrónomo Matriculado, profesional que deberá indicar el producto de
menor peligrosidad o toxicidad posible para el objetivo perseguido.-2.-
En las zonas detalladas en el art. 1° Ord. 12.316/2011, en el momento de
la aplicación deberá estar presente el Ingeniero Agrónomo responsable,
quien en cumplimiento de buenas prácticas agrícolas, deberá verificar:
a) que el producto aplicado sea el indicado en la receta agronómica; b)
que el mismo se prepare conforme las especificaciones y recomendaciones
del fabricante; c) las condiciones climáticas y meteorológicas
existentes en el momento de aplicación, absteniéndose de aplicarlo en
caso de condiciones adversas; d) controlar las características y estado
de la máquina aplicadora; e) asegurarse que el tratamiento de los
envases vacíos de agroquímicos, se realice conforme las recomendaciones d
el fabricante o elaborador; f) tomar toda otra medida tendiente a
asegurar una gestión responsable de los productos fitosanitarios que se
apliquen.-3.- Los actores podrán designar ingeniero agrónomo matriculado
que controle el correcto cumplimiento de lo dispuesto en los puntos
precedentes.-Queda claro que ello no importa posibilidad de oponerse al
producto elegido por el profesional interviniente por los demandados. Y
que en caso de considerarse que se incumple con la pauta fijada de menor
peligrosidad o toxicidad del punto 1) para el caso concreto, ello será
materia de prueba y resolución al momento de dictar sentencia.-Del mismo
modo, el profesional agrónomo que designen los actores, podrá informar
cualquier incumplimiento que se observe a las pautas fijadas en el punto
2) de la presente, lo que será materia de prueba en cuanto a la
gravedad de la violación y en su caso se impondrán las multas
siguientes.-4.- Sin perjuicio de las sanciones administrativas que
correspondan por aplicación de normas provinciales y/o municipales, ante
cada incumplimiento de lo aquí ordenado en que incurran los demandados
se ha de fijar -al momento de dictar sentencia y de acuerdo a la prueba
que se produzca en autos en cuanto a la gravedad de cada incumplimiento-
y teniendo en cuenta los derechos involucrados una multa entre el 5% y
el 50% del rinde por hectárea del cultivo del que se trate.-5.- En
cuanto al tránsito de equipos de aplicación terrestre de fitosanitarios
por las calles y caminos de la zona urbana, tanto de vehículos
autopropulsados -mosquitos- como de tanques cisternas arrastrados por
otros vehículos en el mismo partido, estese a lo dispuesto por el art.
34 decreto 499/91 y a lo dispuesto por el art. 5 de la Ordenanza
Municipal 12316.-Hágase saber ello a las dependencias policiales de la
ciudad a fin de que labren acta de cualquier violación, informen
inmediatamente al suscripto y a la Municipio de Tandil, y procedan, en
lo pertinente, conforme art. 12 de la Ordenanza Municipal
12316.-Líbrense las piezas que fueren menester a fin de cumplir con
dichas medidas».-
«Es loco lo resuelve el juez. Precisamente ayer se conoció un informe
que un estudio que hicieron en escuelas rurales de Tandil y salió que
hay hasta 16 agrotóxicos en agua y suelo. Quien encabeza el proyecto es
la Dra. Graciela Canziani que es quien trabajó en uno de los proyectos
presentados en el Concejo Deliberante de Tandil para modificar la
ordenanza 12.316/2011», expresó Pablo un vecino de Gardey e integrante
de la Junta vecinal al ser consultado por Convergencias.
«Es preocupante la decisión del Juez» plantea Luci, otra vecina que
refuerza «Es gravísimo lo que nos plantea que hasta que no se entienda
que haya pruebas que los agroquímicos causan daño en su salud de los
actores no puede llevar adelante nuestro pedido de alejar las
fumigaciones 1500 metros».
En la acción judicial contra particulares que realizan fumigaciones,
los vecinos fueron patrocinados por los abogados ambientalistas Miguel
Ibarlucia y Lucas Landivar, este último integrante de la Red Nacional
de abogados de Pueblso Fumigados. «Vamos a apelar el fallo ni bien se
retome el plazo cuando se reanude la actividad judicial», informó Luci
en refrencia a la suspensión del plazo por la vigencia de la cuarentena
en la que la Justicia no habilitó días y horas inhábiles para resolver
esta cuestión.-
.
Informe sobre Agroquímicos Plaguicidas en Escuelas Rurales del Partido de Tandil.-
El jueves 11 de junio fue presentado el informe elaborado por
integrantes de los proyectos de Voluntariado Universitario
EcoAgricultura y EcoAgricultura II. Se detallará el propósito del
trabajo, así como la metodología utilizada y las tareas de muestreo de
suelo y agua realizadas en las 15 escuelas rurales que participaron en
los proyectos mencionados. Se conversará sobre los resultados de los
análisis, su significado y los efectos tóxicos en la salud y en el
ambiente de los ingredientes activos detectados.
Los proyectos fueron desarrollados por estudiantes y graduados de las
carreras de Licenciatura en Tecnología Ambiental, Licenciatura en
Diagnóstico y Gestión Ambiental y estudiantes del Doctorado en Ciencias
Aplicadas Mención Ambiente y Salud, asesorados por
docentes/investigadoras de las Facultades de Ciencias Exactas, Ciencias
Humanas y Ciencias Veterinarias, conjuntamente con la Jefatura Distrital
de Tandil y el Centro Cultural “La Compañía”, financiados a través del
programa Compromiso Social Universitario de la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Dtrgn3Wp0ws&feature=emb_logo
Elaborado por integrantes de los proyectos de Voluntariado Universitario
EcoAgricultura y EcoAgricultura II. Se detallará el propósito del
trabajo, así como la metodología utilizada y las tareas de muestreo de
suelo y agua realizadas en las 15 escuelas rurales que participaron en
los proyectos mencionados. Se conversará sobre los resultados de los
análisis, su significado y los efectos tóxicos en la salud y en el
ambiente de los ingredientes activos detectados.
Los proyectos fueron desarrollados por estudiantes y graduados de las
carreras de Licenciatura en Tecnología Ambiental, Licenciatura en
Diagnóstico y Gestión Ambiental y estudiantes del Doctorado en Ciencias
Aplicadas Mención Ambiente y Salud, asesorados por
docentes/investigadoras de las Facultades de Ciencias Exactas, Ciencias
Humanas y Ciencias Veterinarias, conjuntamente con la Jefatura Distrital
de Tandil y el Centro Cultural “La Compañía”, financiados a través del
programa Compromiso Social Universitario de la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación.
Sobre el final del 2019 la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable
demandó a productores por fumigar sobre zonas urbanas. Pidieron que la
práctica se detenga cuando sea a una distancia menor de 1500 metros. El
juez lo rechazó y ellos decidieron apelar. Creen que hay desconocimiento
e ignorancia sobre lo que producen los agrotóxicos.
El juez desestimó el pedido de los vecinos de La Porteña de detener las
fumigaciones en zona urbana, por considerar que no hay pruebas sobre
los efectos y consecuencias. Ante esa determinación, los agrupados en la
Junta Vecinal por un Ambiente Saludable decidieron apelar la medida y
hablaron de falta de compromiso y de conocimiento.
Desde ese grupo, en diciembre de 2019, realizaron una demanda
judicial a productores agrícolas del partido de Tandil, cuyas prácticas
perjudicarían la salud de los habitantes y del ambiente. La presentación
fue realizada en el Juzgado en lo Civil y Comercial 2 de Azul, con
asiento en esta ciudad, a cargo del juez Francisco Augusto Blanc.
“Con la intención de lograr de manera inmediata detener estas
prácticas nocivas solicitamos al juez que dictamine una medida cautelar
que disponga la inmediata suspensión de fumigaciones terrestres que se
realicen a una distancia menor de 1500 metros de la zona urbana, núcleos
de viviendas, escuelas rurales, y cursos de agua”, recordó Silvia
Gómez, vocera de la Junta.
Además, solicitaron que se ordene la prohibición del tránsito de
maquinaria fumigadora, conocida como mosquitos, por caminos y calles de
zonas pobladas.
Luego de la feria judicial, el 13 de marzo pasado, recibieron la
respuesta del juez, enterándose de que desestimó el pedido de distanciar
las fumigaciones de sus casas hasta tanto se produzca prueba que
permita conocer de manera certera los efectos y consecuencias que los
agroquímicos están produciendo o podrían producir a los actores y demás
personas involucradas y /o al medioambiente. “Desconoce e ignora”
Para los vecinos, el juez ignoró la mayoría del material que le
adjuntaron, donde se señalan los daños y enfermedades que causan los
venenos utilizados por el modelo agrícola actual. “Desconoce que en todo
el país, y en el mundo, se están realizando demandas denunciando
consecuencias directas a la salud de niños, de docentes de escuelas
rurales, y de población en general; desconoce las muertes y enfermedades
a borbotones que derivan de dicho modelo agrícola”, enfatizaron.
Asimismo, indicaron que “Blanc justifica el uso de
fitosanitarios, como los llama en la causa, manifestando que solamente
se tienen que respetar las buenas prácticas agrícolas en las zonas de
amortiguamiento. De esta manera, el juez está ignorando acerca de lo que
en verdad son las llamadas buenas prácticas y el fraude de la
clasificación toxicológica”, advirtió Gómez, reflejando la indignación
de los afectados.
También, aseguró que la determinación tomada indica que desconoce
que existe otra manera de producir alimentos, como la producción
agroecológica.
Por lo cual, la resolución dictada por Blanc, para la Junta
Vecinal por un Ambiente Saludable, simplemente reafirma la ordenanza
municipal actual, diferenciándola de tan sólo la eventualidad de avisar
cuando van a fumigar cerca y la posibilidad de que designen un ingeniero
agrónomo el cual solamente actuaría como veedor ante irregularidades.
“Así lo enfrentaría a otro ingeniero agrónomo, el contratado por el
campo cultivado, además de que sus honorarios correrían por cuenta de
nosotros”, se quejaron.
Apelación
“Este dictamen nos parece una falta de compromiso, siendo que en
los últimos años se han dado muchísimas experiencias, hay muchísimos
antecedentes de medidas cautelares a favor de la salud, en diferentes
localidades”, aseveraron a través de Silvia Gómez, y destacaron que hoy
en día hay muchísimos precedentes jurisprudenciales.
Según su apreciación, el juez ratifica las débiles restricciones
de la ordenanza actual, y no amplía el efecto de las medidas a todo el
universo de las aplicaciones, sino sólo a los demandados. De esta
manera, consideraron que no está garantizando la salud de la comunidad
de Tandil, “como tampoco lo hace la ordenanza actual municipal”.
Es por esto que revelaron que van a insistir y apelarán la
resolución, “porque lo están pidiendo las familias y la naturaleza
tambien. El juez está actuando a contra derecho y nuestros abogados
elevaran la causa al Juzgado de Apelaciones de Azul para que revean la
medida”, informaron.
Finalmente, compartieron una reflexión que deja su postura en claro, totalmente disidente con la de Blanc.
“El juez habla de equilibrio entre la producción y la salud, pero
no existe tal equilibrio si se está asperjando venenos por todo nuestro
alrededor: a la tierra, a las personas, a los alimentos que comemos.
Estamos en un momento crítico, es necesario componer nuevas prácticas
agrícolas, que vayan por el mismo sendero que la naturaleza, que la
salud, que la vida. No en contra. No nos oponemos a la producción, sólo
queremos que la producción de alimentos sea sana, que la gente no
enferme por ser fumigada; que no enfermemos por comer comida llena de
agrotóxicos, que el aire que respiramos no este envenenado con ellos”,
subrayaron.
Advirtieron, así, que es urgente replantear como sociedad qué
mundo se quiere seguir construyendo y, que la forma que se elija para
producir alimentos será clave para saber si se podrá seguir habitando
este planeta.
"Nos indignó, nos parece anti ético y anti humano su fallo", dijo Lucía
Mestre ante el dictamen de primera instancia. Irán a la Alzada
asesorados por los abogados Ibarlucía y Landivar
Lucía Mestre, vecina del paraje "La Porteña",
recordó que en Diciembre de 2019 junto a ciudadanos de Gadey y Paraje El
Gallo, más establecimientos educativos, realizar una asamblea para
contrarrestar los efectos de las fumigaciones de campos linderos que
afectan a la salud.
Tras 6 meses de investigación de la normativa
municipal, y un nuevo proyecto de ordenanza que regularice con nuevas
distancias de acuerdo a las nuevas realidades, presentaron una demanda
en el Juzgado Civil y Comercial 2, a cargo del doctor Francisco Blanc.
"Le
presentamos documentación científica y jurisprudencia en la Provincia,
donde las fumigaciones afectaban la salud de las familias. Pasó la feria
judicial y el 13 de Marzo se expidió el magistrado. Le habíamos pedido
que hasta tanto se regularicen las distancias, dictamine una cautelar de
1.500 metros", .
"Nos indignó, nos parece anti ético y anti
humano su fallo. Blanc indicó en la sentencia que "debe buscarse un
equilibrio entre la actividad agrícola, el medio ambiente y el desarrolo
integral de la sociedad. Pero no dictamina los 1.500 metros de
distancia hasta tanto no se produzca prueba sobre los efectos y
consecuencias que la aplicación de agroquímicos están produciendo",
manifestó Mestre en diálogo con LA VOZ.
Para los vecinos, el juez
necesita que "uno de nosotros se enferme para dar curso a nuestro
reclamo, así demostraríamos fehacientemente el efecto".
"Estas
empresas exigen pruebas directas y fehacientes, no podemos someter al
humano a los agrotóxicos para demostrar que hacen mal a la salud, que
son tóxicos", adujo.
La entrevistada recordó que "en la cautelar
le pedimos a Blanc que detenga la circulación de mosquitos (maquinaria
pesada), que son los que aplican los agrotóxicos. Las buenas prácticas
agrícolas son procedimientos impulsados por las fábricas de venenos.
Cuando no hay una regulación y una norma, las buenas prácticas si son a
media cuadra de mi casa no son medias prácticas".
"El juez actúa
contra derecho, desoyendo otros fallos en la provincia de Buenos Aires,
desoye el material científico donde demuestra el vínculo entre la
exposición y las enfermedades. Vamos a apelar esperando que se abra la
Cámara de Apelación de Azul. Lo pedimos las familias y la tierra,
estamos muy atentos a la salud del planeta. Esto es parte de lo mismo,
lo que nos salva de no enfermar es nuestro sistema inmune, las 12
millones de personas que viven en pueblos fumigados hoy están expuestas a
que los tóxicos lleguen a sus casas", anticipó la lugareña.
La
ordenanza actual es muy "vaga en cuanto a lo que dispone, en lo único es
el artículo 7 que establece una distancia de 150 metros, menos de una
cuadra, de establecimientos escolares. Por eso hicimos la denuncia en la
oficina de Medio Ambiente. El campo al lado de la Escuela 33 es
anecdótico, el municipio nos dio la razón, porque se fumigó a cero
metros de la escuela, lo dicen los estudios de la Universidad del
Centro".
"Estamos trabajando con dos abogados, con el doctor
Miguel Ibarlucía a nivel local, y el doctor Lucas Landivar, abogado
ambientalista especialista con grandes logros como la cautelar que logró
en el partido de general Pueyrredón", culminó.
La afirmación fue realizada en diálogo con ABCHoyRadio (89.1 FM) por una
de las integrantes de la Junta Vecinal “Por un Ambiente Saludable”
María Lucía Mestre. La denuncia fue realizada en diciembre del año
pasado. El grupo resolvió apelar la resolución del Juzgado Civil y
Comercial Nº 2 de Tandil.
En la nota realizada este lunes en la radio del Portal de Noticias
ABChoy, la señora María Lucía Mestre, integrantes de la Junta Vecinal
“Por un ambiente saludable”, afirmó que “Cuando decidimos la acción
judicial, no la hicimos como vecinos del Paraje La Porteña, sino
demandando en conjunto con padres de escuelas rurales de Gardey y El
Gallo, ahora se nos fue de las manos, fue muy grave y es anecdótico. Un
problema sobre todo en el partido, y al no tener avances en el ámbito
municipal resolvimos en diciembre 2019 pasarlo a lo judicial con esta
demanda hacia algunos productores”.
Añadió que “cuando el 13 de marzo, el juez se expide, lo que nosotros
le pedíamos, hasta tanto la situación de la fumigación se regularice
con una nueva ordenanza o se manden estudios, el aleje las fumigaciones
de nuestras casas, de los arroyos, de las escuelas rurales, porque los
cursos de agua del partido están siendo contaminados también. Esta causa
nos queda como actores pero también defendiendo el ambiente”.
Por otra parte, manifestó que “nosotros sabíamos que por estudiar,
investigar, casos parecidos en otros lugares que uno pide determina
cantidad, pedíamos una medida cautelar de 1.500 metros, que aleje las
fumigaciones de nuestras casas y nuestras escuelas, y pensamos veremos
que sucede cuanto nos da. Y el Juez Blanc (Francisco, titular del
Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de Tandil) en su dictamen y lo voy a leer
textual contundente y lo que a nosotros “NOS INDIGNA, NOS HACE SALIR A
LOS MEDIOS A DECIR QUE EL DOCTOR BLANC NO NOS ESTA CUIDANDO, NO ESTA
VELANDO POR NUESTRO DERECHO A LA SALUD”.
Mestre resaltó que el magistrado manifiesta que “él entiende que debe
buscarse el equilibrio entre la actividad agrícola, el cuidado del
ambiente y el desarrollo integral de la sociedad”. Pero él no dictamina
la distancia de 1.500 metros “hasta tanto se produzca prueba que permita
conocer de manera certera los efectos y consecuencias que la aplicación
de agroquímicos están produciendo o podrían producir a los actores y
demás personas involucrados, y o al medio ambiente. Es decir, el juez
necesita que uno de nosotros enferme”.
Al preguntarle si es como “una especie de certificado de cáncer”, a
lo que la mujer señaló que, "es así, es bajarlo como una línea más
directa. Lo que sabía del director de la Red de Pueblos Fumigados, no
podemos experimentar con humanos, y que desavenencias a la salud le trae
meterle agroquímicos de manera directa, eso no es ético, este juez no
nos está defendiendo. Está actuando contra derecho desoyendo fallos ya
resueltos. No pedimos nada nuevo ni nada desubicado, esto ya ocurrió en
Pergamino, en Exaltación de la Cruz”.
Añadió la vecina que “para colmo, la ordenanza actual es muy pobre y
de muy escaso alcance en cuanto a las fumigaciones, hasta tanto no se
empiece a tratar en el concejo deliberante el anteproyecto de ordenanza
presentado por la Dra. Graciela Canziani que ustedes entrevistaron el
año pasado, por lo tanto hasta que esto no empiece a tratarse, tenemos
que seguir por la vía judicial, Lo pedimos por nosotros, por nuestras
familias, por la naturaleza. Es el momento que esto cambie”.
Apelarán el fallo
En este sentido María Mestre dijo que “nosotros estamos trabajando
con dos abogados, Miguel Ibarlucia nos lleva la causa a nivel local, y
después con uno de los abogados que llevan adelante causas
ambientalistas como Francisco Landibar, quien nos dice que lo que dice
el Juez está mal. Por eso vamos a apelar, estamos esperando que se
levante la cuarentena. En General Pueyrredón llevó causas hasta la
suprema Corte de Justicia que les dieron la razón en la provincia de
Buenos Aires, otorgando los 1000 metros que se venían pidiendo desde
hace mucho. Vamos a apelar porque no solo no estamos de acuerdo con la
resolución, sino con el dictamen. Presentamos cantidad de bibliografía
científica y jurisprudencia, que daba cuenta del daño a la salud que
genera la exposición a los agrotóxicos. Y que quede claro, acá a los
productores demandados son vecinos, no estamos en contra de ellos como
vecinos, sino de las prácticas que dañan nuestra salud. Pero hay otra
manera de producir, nos tenemos que seguir alimentándonos, y pedir que
esa alimentación sea saludable sin venenos, y ellos tienen la
posibilidad de generarlo, es un cambio de paradigma, paulatino, por eso
que pedimos una distancia de amortiguamiento de 1.500 metros”.
Insistió con la ordenanza actual, porque “es muy vaga, en cuanto a lo
que tiene que hacer el productor. En el único momento que establece una
distancia es en el artículo 7 y en relación a escuelas rurales y
establecimientos sanitarios. Entonces por eso hicimos la denuncia por el
campo lindero a la Escuela 33, en diciembre del año pasado, finalmente
el municipio se expide diciendo que los vecinos teníamos razón que se
estaba fumigando a cero metros. En este momento desconozco la práctica
de mis vecinos. Si las fumigaciones se sigue sucediendo, de hecho a
finales de diciembre del año pasado hicimos otra denuncia municipal,
viendo que en un campo vecino con viento de 70 km por hora para nuestro
lado. Por eso pedimos una reglamentación que los coloque en otro estado
de situación van a seguir produciendo como hasta ahora”.
Mestre marcó que “quiero dejar en claro para tener una noción, desde
la coordinación de la Red de Pueblos Fumigados, son 500 millones de
litros por año de agroquímicos que se están descargando en territorio
argentino. Si dividimos eso por los 40 millones de habitantes, son 12
litros de agroquímicos por persona por año, es terrible, esto excede a
nuestra ciudad. Más allá que como vecinos lo que queremos es generar
conciencia vecinal. Muchos papás de escuelas rurales apoyando nuestra
causa. Desde agosto del año pasado, como organización hemos crecido un
montón”.
Los vecinos se manifestaron preocupados por la falta de
respuesta a sus denuncias efectuadas por la fumigación en inmediaciones
de la Escuela 33. Tras cuatro meses de silencio y el expediente sin
tratar, decidieron recurrir a la Defensoría del Pueblo. Lamentaron que
la ciudad esté atrasada en políticas de aplicación y que se haya
naturalizado una práctica no saludable.
A pocos días del inicio del ciclo escolar, padres de alumnos que
asisten a la Escuela 33 y la comunidad de La Porteña en general,
manifestaron su preocupación ante la falta de respuesta o avances en
torno a los reclamos por la aplicación de agroquímicos en el lugar.
De acuerdo al detalle que brindaron los voceros Silvia Gómez, Lucía
Mestre y Marcelo Tello, se va a cumplir medio año de la problemática, ya
que la inquietud los llevó a empezar a juntarse en septiembre del 2019,
presentando la primera denuncia ante el Municipio el 4 de octubre.
Esto llevó a que Héctor Creparula, de la Dirección de Medio
Ambiente, junto a la titular de Fiscalización Vegetal del Ministerio de
Agroindustria Analía Alonso y al responsable de Asuntos Agrarios
Igancio Diribarne, inspeccionaran el lugar un par de veces, resultando
“negativo” el primer monitoreo.
Sin embargo, el pasado 5 de enero pudieron retirar el expediente,
haciendo uso del derecho de acceso a la información pública, en el
finalmente que se le da la razón a los denunciantes por confirmar las
fumigaciones a cero metros de la Escuela 33.
Además, como por internet se puede hacer el seguimiento de un
recurso judicial también se enteraron que el que ellos presentaron el 5
de diciembre se encuentra en el Juzgado de Faltas 2 en estado “no
tratado”.
“Han pasado varios meses y no se ha sancionado, no se ha multado, ni
siquiera el Intendente habló del tema”, lamentó Gómez, asegurando es una
situación urgente como para que no se trate y que nunca escucharon a
Miguel Lunghi hacer ninguna referencia al tema. Por este motivo y frente
al apremio del tiempo es que optaron por hacer una presentación ante la
Defensoría del Pueblo.
Agotando instancias
Actualmente el campo que linda con la institución educativa está
cultivado con girasol y los vecinos no saben si se ha vuelto a aplicar
en esas inmediaciones o no. De todas formas, Mestre recalcó que si bien
la preocupación inmediata es por los alumnos y maestros de la escuela,
no hay que olvidar que están rodeados de campos donde se realiza
agricultura convencional y continúan con las aplicaciones de herbicidas,
fungicidas y fertilizantes.
“Verlo o no verlo es circunstancial, sabemos que estamos siendo fumigados”, aseveró.
Ante esta realidad, la semana pasada se presentaron en la
dependencia dirigida por Paula Lafourcade. En primera instancia se
presentaron como “Asamblea de Vecinos La Porteña, por un ambiente
saludable”, que es como se conformaron para trabajar en comisiones, y
mediante una carta actualizaron sobre su situación.
“Le pedimos su intervención el derecho nuestro y nuestros hijos
por un ambiente saludable, luego a pedido de la Defensora tomamos copia
del expediente y se lo llevamos”, explicó.
El grupo se mostró conforme con la respuesta de Lafourcade, ya
que antes de la presentación que realizaron ya había manifestado apoyo
al reclamo. “Sentimos la mejor predisposición”, destacaron. “Por lo
pronto, tenemos fe en que va a poder destrabar esto que desde principio
de diciembre está estancado”, dijeron expectantes.
“Tandil está atrasada”
Al comparar los avances percibidos en otras localidades de la
Provincia, incluso algunas vecinas como Olavarría que se unió a la Red
Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología
(Renama), determinaron que Tandil está muy atrasada “en las distancias o
el desarrollo de un ‘cordón verde’”.
“Hay un montón de alternativas”, ofrecieron, destacando que no
están en contra de nadie, sino que quieren la salud para todos, ahora
puntualmente preocupados por los niños y docentes que van a esa Escuela.
En este sentido revelaron que están trabajando en conjunto con
los vecinos de Gardey, que también vienen luchando hace tiempo por las
aplicaciones de agroquímicos.
“Recordemos que el artículo 10 de la ordenanza actual permite el
uso de todos estos herbicidas en espacios públicos”, resaltó Mestre. “Es
terrible”, coincidieron los tres voceros, lamentando que en la Plaza
del centro, como en todo el resto de la ciudad, estén presentes estos
productos.
“Lo más preocupante es que en el caso de las piletas de Gardey el
responsable de Asuntos Agrarios, Ignacio Diribarne, haya dicho que el
riesgo esté reducido a la mínima potencia porque el cloro desactiva los
agroquímicos”, enfatizó Gómez. Al respecto, desestimó esa conjetura, ya
que no resulta una hipótesis confirmada científicamente en ningún caso.
Los vecinos decidieron darle una entidad al grupo para que se
sepa que esta lucha no es circunstancial, sino que van a sostenerse en
el tiempo, siempre clamando por un ambiente saludable.
Prácticas naturalizadas
Por su parte, Marcelo Tello, es docente en establecimientos
rurales y ve con mucha intranquilidad que las fumigaciones sean
cuestiones ya naturalizadas. “Alrededor de las escuelas incluso hay
familias que trabajan de aplicadores y a la vez son víctimas de las
aplicaciones”, contó.
Asimismo, se refirió a la falta de conciencia existente ante el
modelo productivo imperante, que ni siquiera se cuestiona. “En Tandil no
se deja abierta la posibilidad a buscar otras alternativas, mientras
que otros Municipios han avanzado”, dijo.
Exteriorizó, entonces, que tanto en el cuidado del medioambiente
como el de la salud de las poblaciones están avanzando en todo el país.
“Acá no se nos escucha”, advirtió, señalando que el derecho como
ciudadanos es proteger estas cuestiones, lamentando que los chicos estén
tan expuestos.
Vale mencionar que la Mesa de Escuelas Rurales fue la entidad
convocada para “dar calma” a la colectividad y no generar paranoia ante
las denuncias y el estado público que tomó el tema, sin embargo a los
vecinos les llamó la atención que no haya sido convocada la comunidad en
general.
Además, les sorprendió la ausencia de médicos, ambientalistas,
biólogos o cualquier persona experta en la temática, dentro de esa mesa
para que sean capaces de brindar una “visión más completa”.
“El discurso resumido que nos dieron fue que la aplicación de
fitosanitarios es una de las tareas que se tienen que realizar en los
espacios rurales y que, ejerciendo buenas prácticas agrícolas, no hay
riesgos”, explicó Silvia Gómez que como madre de alumnos sí pudo
presenciar el encuentro.
Cabe recordar que el compromiso del grupo los ha llevado a
interiorizarse e informar sobre los distintos aspectos y consecuencias
de la fumigación con pesticidas, al punto de discernir con las “buenas
prácticas agrícolas” que promueven desde los gobiernos Nacional,
Provincial y Municipal.
Tribunal Internacional Monsanto: la empresa es culpable de Ecocidio
9-11 minutos
Monsanto, es responsable de dañar el ambiente Crédito: Latinstock
El 18 de abril se dio a conocer el fallo del juicio a la
empresa Monsanto que se realizó ante el Tribunal Internacional Popular
en La Haya, Holanda. Este tribunal extraordinario integrado por jueces
en ejercicio y profesionales de la justicia, fue impulsado por el
interés de la sociedad civil:
más de mil organizaciones alrededor del mundo que consideraron que
era el momento de unir fuerzas para detener a este gigante que en lugar
de ser limitado por los gobiernos, cada vez es más poderoso.
Es necesario aclarar que el juicio no es vinculante, y no
tiene consecuencias legales. ¿Por qué es importante, entonces?
Porque su validez ética está basada en el derecho internacional de
los Derechos Humanos y en el Derecho Humanitario Internacional. Sus
conclusiones podrán ser utilizadas en futuras demandas y tiene el
propósito de que Naciones Unidas lo incorpore como delito penal al
Tratado de Roma. La empresa comprada por Bayer en 2016 no envió ningún representante, le restó trascendencia y se negó a participar.
Por mi parte, y en el caso de muchas personas que hace
tiempo seguimos con atención todo lo referido a los perjuicios que
provoca la multinacional, se trató de un hecho histórico, tal vez un
punto de inflexión que determine lo que pase en adelante.
Las preguntas que formaron parte del marco de referencia, cuestionaban, según pactos de derecho Internacional:
Si la empresa vulneró el derecho a un entorno seguro, limpio, saludable y sostenible,
Si vulneró el derecho a la alimentación,
Si vulneró el derecho al disfrute del más alto nivel posible
de salud, (o el derecho del niño al disfrute del más alto nivel
posible de salud).
Si respetó la libertad indispensable para la investigación científica.
Si fue cómplice en crímenes de guerra por utilizar el Agente Naranja en Vietnam.
Entre los treinta testimonios, presentados el 15 y 16 de
octubre de 2016, se destacó el del médico argentino Damián Verzeñassi,
Director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. Junto a su
equipo, dirigió un campamento sanitario en el que recolectó datos de
96874 personas de 27 localidades del país, con resultados alarmantes en
cuanto a los pueblos que sufrieron los efectos de las fumigaciones y que
tenían un alto porcentaje de enfermedades como cáncer, malformaciones
congénitas, problemas respiratorios y abortos espontáneos, y que estaban
vinculados directamente “al uso de organismos genéticamente
modificados, y a la exposición al glifosato producido y comercializado
por Monsanto”. Se analizaron casos de Francia, Sri Lanka, y Brasil.
Después de la presentación de los testimonios, el
tribunal integrado por la consultora de la Corte Penal Internacional,
la senegalesa Dior Fall Sow; el Magistrado del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo de México, Jorge Fernández Souza; el
canadiense Steven Shrybman; la ex jueza belga del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, Françoise Tulkens y la jueza mendocina Eleonora Lamm,
se halló a Monsanto culpable por daños a la salud y el ambiente, y por “
ecocidio”, un término que sirve para describir a las acciones que
“dañan gravemente o destruyen el medio ambiente, hasta el punto de
alterar de forma significativa y duradera el patrimonio mundial”.
Además se la encontró culpable por vulnerar el derecho a
la alimentación de las comunidades, por afectar a la biodiversidad,
contaminar los suelos y el agua, y por “emplear tácticas deshonestas
para conseguir la aprobación de sus cultivos obtenidos por ingeniería
genética y sus herbicidas asociados”. No hubo pruebas suficientes para
para dar una respuesta definitiva para la acusación de haber sido
cómplice de crímenes de guerra en Vietnam.
El informe con los testimonios y las conclusiones es
amplio y vale la pena leerlo completo (me lo pueden pedir por mail). Si
bien el panorama para tantas personas que vieron afectados su trabajo,
su salud, y sus vidas, ya no se puede modificar; hay una apertura de la
sociedad a enfrentar este tema, a
unirse y sumarse con acciones concretas, a darle aun mayor
visibilidad y comprender que no todo está perdido si los derechos
humanos prevalecen por sobre los económicos.
No al Ecocidio Crédito: Latinstock
Además alertó sobre el desmonte masivo y la eliminación de políticas y
acciones que beneficiaban a la agricultura familiar para apoyar a los
grandes empresarios del agro.
Jueves 01 de Noviembre de 2018
La Relatora sobre el Derecho a la Alimentación trabajó en diferentes
zonas del país durante 10 días. En el Informe Preliminar que presentará
ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hay fuertes
críticas al modelo del agronegocio que impulsa el Gobierno.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuestionó el uso masivo de agrotóxicos
en Argentina, alertó por el desmonte masivo, y afirmó que el Gobierno
Nacional eliminó políticas y acciones que beneficiaban a la agricultura
familiar para apoyar a los grandes empresarios del agro.
Luego de recorrer diez días el país y entrevistar a medio centenar de personas, la especialista de la ONU, Hilal Elver aseguró que la única solución sostenible es la agroecología: producir alimentos sanos, sin químicos ni transgénicos.
La
Relatoría Especial sobre el Derecho a la Alimentación es el máximo
espacio de Naciones Unidas dedicado al tema. Al frente está Elver, quien
visitó nuestro país entre el 12 y el 21 de septiembre e hizo público el
Informe Preliminar que presentará en el Consejo de Derechos Humanos de
la ONU, con sede en Ginebra y que lo componen 47 países. Los aspectos
más relevantes del documento referido a nuestro país y que será sometido
a votación en dicho Consejo tiene cuatro aspectos preponderantes.
Modelo insostenible
"En el marco de la
agricultura industrial (agronegocios, transgénicos y agrotóxicos) a gran
escala, es esencial que se tome en cuenta el verdadero costo de los
métodos de producción en relación con el suelo y los recursos hídricos, y
el impacto de la degradación ambiental sobre generaciones futuras, en
lugar de concentrarse únicamente en la rentabilidad y el crecimiento
económico a corto plazo", alerta el Informe de la Relatora Especial de
la ONU.
En sus conclusiones, Elver resalta: "Reitero
la importancia de la agricultura familiar para lograr el objetivo de
una alimentación adecuada y saludable para todos los argentinos. Debería
ponerse empeño en promover la agricultura familiar como prioridad. Es
la única manera de lograr un equilibrio, única manera de lograr una
solución sostenible y justa para el pueblo argentino". Y en el Informe
se hace mención a que en 2014 Argentina sancionó la Ley 27.118, de
"reparación histórica" para la agricultura familiar: "Fue sancionada
pero sin un financiamiento adecuado y, hasta la fecha, no ha sido
reglamentada por el Ejecutivo".
Según la
especialista de la ONU, "como consecuencia de la expansión de las
actividades agrícolas, incluida la soja, y como resultado de otras
políticas discriminatorias, las familias de los pueblos indígenas se
vieron forzadas a dejar las zonas en las que vivían y, en algunos casos,
tuvieron que migrar hacia las ciudades cercanas en busca de trabajo,
sufriendo en muchas ocasiones una discriminación sistemática".
Elver
también cuestiona que la agricultura industrial está controlada por
pocas y grandes empresas y alerta que el Gobierno Nacional ya decidió su
rol: "Durante las entrevistas con funcionarios de la Secretaría de
Agroindustria observé una tendencia a apoyar el modelo agroindustrial y a
realizar serios recortes en el apoyo, el personal y el presupuesto del
sector de la Agricultura Familiar, incluido el despido de casi 500
trabajadores y expertos". Sobre agroecología
En el informe de la
ONU hubo un apartado referido a la agroecología, que se trata de la
producción de alimentos sanos, sin agrotóxicos, y comercializados a
precio justo, para mercados locales. Elver visitó campos de la Unión de
Trabajadores Rurales (UTT). "Las prácticas agroecológicas han demostrado
ser exitosas en varias partes del mundo, logrando no solo rendimientos
impresionantes sino también la promoción de los productores locales y de
las prácticas que respetan el medio ambiente", afirma la experta de
Naciones Unidas. Sostiene que "la agroecología es una alternativa
importante que debería ser seriamente considerada por el gobierno para
logar la diversificación y sostenibilidad, además de importantes insumos
para el programa de comedores escolares, la protección de los recursos
naturales y el manejo del cambio climático".
Sobre el Glifosato
Recordó que la Organización
Mundial de la Salud declaró en 2015 al herbicida glifosato como
sustancia probablemente cancerígena. "Se aplica indiscriminadamente en
la Argentina, sin tener en cuenta la existencia de escuelas o pueblos en
las cercanías. Como resultado de ello, se me ha informado acerca de un
aumento en la cantidad de personas que han perdido la vida o padecen
enfermedades que ponen en riesgo su vida", alerta.
Citó
la investigación científica del Espacio Multidisciplinario de
Interacción Socio Ambiental (EMISA), de la Universidad Nacional de La
Plata, que determinó que "la mayoría de la población consume frutas y
hortalizas que han sido fumigadas con agrotóxicos". Ante un Gobierno que
adopta el discurso de las empresas de agrotóxicos y niega el impacto en
la salud, la ONU sostiene: "La exposición a plaguicidas puede tener
efectos muy peligrosos para la salud de los seres humanos, en especial
para niños y mujeres embarazadas que son más vulnerables".
Sobre los desmontes
Entre
las consecuencias del modelo agropecuario también apuntó a la
degradación de las tierras y el desmonte. "En la última década se
destruyeron más de tres millones de hectáreas de bosques para dar lugar a
la producción de granos y ganado. La Argentina se ubica entre los
países que perdieron más bosques entre 2010 y 2015. Y el Gobierno
Nacional ha mostrado una falta de interés considerable en aplicar la ley
de protección de bosques", denuncia el Informe Preliminar de ñla
especialista de la ONU.
Convertido
en referente de los pueblos fumigados, el investigador del Conicet
cruzó el umbral de la universidad para darles soporte científico a las
denuncias de esas comunidades contra los productores que aplican
agroquímicos.
Por Gastón Rodríguez (Tiempo Argentino)
Damián Marino está convencido de que algo tan inasible como el “clic” existe. “Yo ya estaba a cargo del equipamiento de alta complejidad –recuerda– y un día una chica me tocó el timbre del laboratorio. En una mano tenía un bebé y en la otra una botellita de plástico. Me contó que vivía en un barrio de las afueras de La Plata donde había una cancha de fútbol, y que la querían fumigar para cultivar soja. Me siguió contando que las mamás habían salido a pelear porque en esa cancha jugaban sus hijos, y que una aprovechó para sacarle una muestra del pico de una de las máquinas fumigadoras. Queremos saber qué es, me dijo. Yo, con toda la ortodoxia a cuestas, le expliqué que tenía que mandar un correo al instituto pidiendo el análisis, que después nosotros se lo íbamos a cotizar, y mientras le estoy diciendo todo esto me vi reflejado en sus ojos y me sentí un reverendo estúpido. La mirada de ella fue un espejo y ese fue mi clic. Le agarré la botella y le pedí que me esperara diez minutos en el bufet. Cuando se la devolví, le dije que tenía una mezcla espantosa de glifosato y clorimuron. Entonces me preguntó qué tenía que hacer. Le anoté en un papel mi nombre, mi correo, lo que tenía la muestra y la dirección del Defensor del Pueblo, para que fuera a hacer la denuncia. Ese papel escrito con lápiz se transformó en una ordenanza municipal, que reguló las fumigaciones en su barrio”.
–¿Y la ortodoxia?
–La pateé. Descubrí que, al romper con todas las estructuras, mi intervención había significado para esta persona una transformación importante. Después de eso se me iba a hacer muy difícil volver a convivir con la ortodoxia. Cuando entré a Exactas, en el año 1996, quería el Premio Nobel. Todo ese mundo de pensamiento terminó en esto que soy ahora.
Lo que Marino es casi no entra en una tarjeta personal –licenciado en Química; doctor en Ciencias Exactas; investigador adjunto del Conicet; profesor, categoría asociado, de la Universidad Nacional de La Plata; y coordinador del área de Ambiente de la licenciatura en Química y Tecnología Ambiental y de la comisión ad hoc de la Red de Seguridad Alimentaria–, aunque probablemente sea más justo presentarlo como el especialista dedicado a probar la grave situación ambiental –que incluye la exposición humana– causada por el actual modelo de producción agraria. Por eso, sus trabajos son citados en prácticamente todas las demandas judiciales contra productores o aplicadores de agrotóxicos (muchas causas lo tienen, además, como parte, al aportar apoyo científico a la denuncia de las víctimas), y en reiteradas oportunidades conferenció o brindó charlas en concejos deliberantes, legislaturas y hasta en el Senado de la Nación.
“Se habla de que soy un referente, pero creo que la única cosa que yo hago es cruzar el umbral de la universidad. Hay tantísimos investigadores que hasta tienen mejores resultados que los míos, pero están en la comodidad de cumplir con los pasos a los que te obliga el sistema: investigar, escribir el trabajo, publicar y así seguir avanzando. Lo único que me diferencia del resto es esta decisión política de recorrer las calles, de poner en jaque a la ciencia dura y plantear para qué y para quién hacemos lo que hacemos”.
En la formación de Marino hay dos presencias ineludibles. La más evidente es la del médico Andrés Carrasco, uno de los primeros investigadores que alertó sobre las consecuencias dañinas del glifosato, lo que le costó soportar toda clase de difamaciones y amenazas. La otra, más íntima, es la de su padre José, un sindicalista del gremio de los plásticos que le legó el hábito de “defender los derechos atropellados por los poderosos”.
“Uno, como gobernante de un país, debería tender a bajar la desocupación, la pobreza, busca mejorar esos índices. Yo me pregunto cuándo vamos a tomar la decisión de bajar el uso de plaguicidas. Con frenar la curva ascendente sería un gran primer paso. Hasta ahora nunca estuvo en los planes de ninguno. No se puede demorar más, porque este tema no lo vamos a resolver en un año ni en cinco ni en diez. Lo que viene faltando desde hace mucho tiempo es la decisión política de iniciar un proceso de resolución, porque la situación es desesperante”.
Parte de la perversión
Marino reconoce que el glifosato es la columna vertebral del sistema de producción, pero advierte que la parte nunca va a ser más importante que el todo.
“El glifosato –argumenta– pasó de ser una molécula muy rentable para las corporaciones a convertirse en una molécula problemática, con juicios, demandas sociales y demás. Va a aparecer otra molécula y en vez de tardar 30 años para probar que tiene un montón de problemas, lo haremos en 20, porque ya habrá otra tecnología de investigación, pero eso significa una nueva ventana de tiempo donde las multinacionales van a seguir trabajando. Por eso, más allá de la molécula que sea, lo que hay que discutir es el modelo de producción que queremos tener”.
–¿Qué consecuencias ambientales trae el modelo actual?
–Antes que ninguna otra cosa, provoca efectos sobre la biodiversidad, porque el primer receptor de los plaguicidas es el suelo. También hay contaminación en los sedimentos de los fondos, en el barro de los ríos y arroyos, donde se conserva mucho tiempo. Uno de los trabajos que hicimos que más impactó fue probar que había glifosato en las gotas de lluvia, lo que significa que está en todos lados. Pero, sin dudas, la peor parte de la perversión se la llevan los pueblos fumigados. Cuando ves los datos epidemiológicos, encontrás que tienen aumentados los casos de cáncer, los abortos, problemas de salud infantil. Los nenes tienen mayor riesgo de contraer todo un conjunto de patologías asociadas a cuestiones celulares, como carcinomas, leucemias, enfermedades autoinmunes.
– Que alguien como Marcelo Tinelli se exprese sobre estos temas, ¿es señal de una mayor concientización?
– Es importante que gente tan visible lo diga, porque el tema repercute. La suerte que tenemos es que Tinelli tenga una mujer como Guillermina Valdés, que hace años que está comprometida con la causa. Pero vamos a ser honestos: los grandes medios de comunicación hegemónicos siguen sin hablar del problema. Tampoco ningún funcionario en sus campañas políticas lo toma como algo real. El tema se oculta debajo de la alfombra porque hay un lobby fuerte de las multinacionales. Argentina está atada a un sistema monetario donde tiene que pagar la salud, la seguridad, la educación, y eso va a depender mucho de esta producción agrícola.
–¿Sos optimista o pesimista respecto al futuro?
–Soy muy optimista, no porque crea que este modelo vaya a cambiar, sino porque los movimientos sociales están organizados. Creo que estas demandas se van a activar mucho, porque el gobierno que termina nunca habilitó una vía de comunicación, es más, como gobierno empresarial que era, su única prioridad siempre fueron las empresas. Tengo la esperanza de que el nuevo gobierno recupere la ciencia y la tecnología, ayude a la agricultura familiar, y habilite algún tipo de discusión para empujar la transformación.
Estaba al frente de la escuela rural 11, de San Antonio de Areco. Lideró la lucha para que dejaran de envenenar a sus alumnos.
Fue directora de una de las tantas escuelas
fumigadas a lo largo y ancho del país. Le puso el cuerpo a los
agrotóxicos y salió a pelear para que dejaran de fumigar, por aire y por
tierra, a sus alumnos. El domingo por la tarde, a la hora de la siesta,
murió en su pueblo de San Antonio de Areco, al que defendió del veneno,
la docente Ana Zabaloy, que había sido directora de la Escuela Rural
número 11 de esa ciudad. De tanto poner el cuerpo, fue afectada por una
serie de enfermedades provocadas por la agresión permanente de los
venenos que se utilizan para aumentar las ganancias de los
terratenientes. "Se nos fue Ana Zabaloy, una de nuestras maestras
fumigadas, emblema de la lucha contra el uso de agrotóxicos en la
provincia de Buenos Aires y símbolo de la batalla que libran las
docentes en nuestras escuelas rurales", declaró Patricio Eleisegui,
autor del libro "Envenenados: Una bomba química nos extermina en
silencio".
En un comunicado, el Consejo Ejecutivo Provincial de Suteba
expresó que "despide con dolor" a la docente fallecida y al mismo tiempo
convoca a "redoblar la lucha contra las fumigaciones, porque ese es el
mejor homenaje" a Zabaloy. El sindicato que agrupa a los docentes
bonaerenses destacó que ella "luchó incansablemente contra las
fumigaciones sobre las escuelas y colaboró con el Suteba de San Antonio
de Areco en la elaboración de la Ordenanza 4226/17, que limita el uso de
los agrotóxicos, y que prohíbe su aplicación aérea", algo que se hacía
con frecuencia en la escuela rural 11 en la que Zabaloy fue directora.
Además de asumir el compromiso de "mantener su lucha para evitar que
los agroquímicos perjudiquen la salud de nuestro pueblo", Suteba exigió
"a quienes gobiernan que se legisle de modo tal que las prácticas
agrícolas sean eficaces y saludables". La entidad gremial advirtió que
"el cuidado de la vida debe prevalecer por encima del negocio de las
minorías privilegiadas que hoy gozan de impunidad". Eleisegui, por su
parte, señaló que la docente fallecida "sufrió en su cuerpo los efectos
de venenos como el 2,4-D", cuyo uso fue prohibido en varios países. Su
historia clínica fue mudando "de una parestesia facial a la
insuficiencia respiratoria, pasando por consecuencias de salud mucho más
graves", hasta que "devino en otro ejemplo de cómo el modelo agrotóxico
apaga nuestra supervivencia".
En el recuerdo a Zabaloy, se resaltó que "peleó del lado y a favor de
la vida hasta que decidió volverse eterna". También le rindió homenaje
el senador nacional Fernando "Pino" Solanas, quien dijo que "murió de
cáncer una de las 'maestras fumigadas' que vivió protegiendo la escuela
rural, donde era directora y donde padeció las enfermedades que la
llevaron a la muerte. Eso pasó al recibir, igual que sus alumnos,
pulverizaciones con agroquímicos" durante años.
El 5 de octubre de 2015 la Escuela 11 José Manuel Estrada, ubicada a
20 kilómetros del casco urbano de Areco, fue fumigada una vez más, en
horario
escolar, incumpliendo las normas establecidas por la normativa
vigente en la zona. Ese día, como tantos otros, Ana Zabaloy salió al
aire por la Red de Medios Alternativos para denunciar que estaban usando
"sustancias muy fuertes que en otros países se han prohibido y que eso
esté pasando en el patio de la escuela es preocupante".
La maestra rural precisó que ese lunes de octubre "cuando
salimos al patio, nos sentamos en las hamacas, y vimos un mosquito (la
máquina que se usa para fumigar), cruzando la calle de la escuela, a
unos 30 metros", en plena tarea de fumigación. Precisó que "el mosquito
iba dando toda una vuelta alrededor del terreno y en ese momento estaba
pasando enfrente de la escuela, algo que ya nos ha pasado en otras
ocasiones".
Las normativas, es cierto, tienen una importancia relativa a nivel de
prevención dado que, como denunció ese día Zabaloy, fijan que se debe
fumigar a una distancia de 100 metros "que no es nada, pero en este
caso, además, era menor la distancia todavía". Tampoco lo podían hacer
en horario escolar, pero igual lo hacían. Como consecuencia de "poner el
cuerpo", como lo hizo siempre, la maestra rural es otra víctima de los
agrotóxicos.
Endocrinóloga explicó los impactos de los agrotóxicos en la población de Tandil
A propósito de la cuestión del impacto de
agrotóxicos en la población tandilense, los concejales del bloque del
Frente de Todos, Silvia Nosei, Guadalupe Garriz y Ariel Risso,
recibieron a la doctora Cristina Rondoletti, médica endocrinóloga.
La
profesional mostró su preocupación ante diversas patologías que se
incrementaron en el Partido de Tandil en los últimos 15 años.
"Desde
nuestro bloque y en las respectivas comisiones del Concejo Deliberante
seguiremos buscando de manera integral una solución que se materialice a
través de una ordenanza que esté acorde a los estándares de salud
actuales y que garantice una alimentación saludable para las vecinas y
vecinos de nuestra ciudad", refirió el legislador Risso.
Cabe
señalar que, además de los consumos habituales sobre todo en frutas y
verduras no agroecológicas, donde los consumidores ingieren alimentos
con altos porcentajes de agrotóxicos, en Tandil se dieron últimamente
dos casos públicos de alto impacto: la fumigación en la escuela de La
Porteña, y la pileta de Gardey.
Informes periodísticos dieron
cuenta de lo que sucede en Tandil, visto como una "verdadera pesadilla"
para los vecinos de distintos barrios aledaños a la producción rural.
Apuntan al "coctel de químicos (venenos) que utiliza el agro para
garantizar su cosecha. La docente Patricia Ackerley y la investigadora
Graciela Canziani, no dudaron a la hora de tomar un posicionamiento
comprometido sobre el tema, ya que un grupo de vecinos del paraje La
Porteña, había realizado una denuncia contra la empresa que arrienda un
lote lindero a la Escuela 33, por fumigar sin respetar la distancia
regulada por ordenanza".
El dato que alarmó y puso nuevamente en
el tapete la discusión sobre qué tipo de producción agrícola necesita el
pueblo, surgió del relevamiento en 15 escuelas rurales del distrito.
Fue la investigadora Graciela Canziani quién brindó una noticia para
nada agradable, todos los establecimientos escolares estaban
contaminados con agroquímicos biocidas. "Algunas un poco más y otras un
poco menos", supo destacar Canziani. Las escuelas de Santa Teresa y La
Porteña son las que más concentración de productos químicos arrojaron.
Por
otro lado, se conoció que Un nuevo caso de fumigaciones a metros de la
población, generó preocupación en Gardey, una localidad de Tandil, y
activó un conflicto interno en el municipio. Los vecinos aseguran que no
es la primera vez que fumigan y ponen en riesgo la salud de las
personas.
Mientras en la Provincia se debate la posibilidad de
crear una nueva legislación en torno al uso de los agroquímicos, las
fumigaciones siguen realizándose sin ningún tipo de control y exponiendo
a las personas de forma grave.
En Gardey, se autorizó a fumigar
en la plaza pública con herbicida y el veneno llegó hasta la pileta
municipal, en donde decenas de menores de edad pasaban la tarde.
No
es la primera vez que los vecinos de Gardey denuncian fumigaciones,
razón por la cual generó tensión con las autoridades municipales que
repudiaron el hecho y se animaron a asegurar que "no va a haber más
glifosato en Gardey".
La Dirección de Medioambiente y la Dirección
de Asuntos Agropecuarios, llevarán a cabo una inspección en el lugar y
constató que "se encontraron indicios que hacen presumir la posible
utilización de herbicida en el sitio".
La
secretaria de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales de la
comuna, Marcela Petrantonio, dialogó con NUEVA ERA acerca del uso de
agroquímicos en el partido de Tandil, tópico que volvió a tomar nuevo
impulso luego del caso de la aplicación de ese tipo de sustancia en los
alrededores de la pileta pública de Gardey. Desde el área que ella
encabeza quieren plantear un debate serio entre todos los actores para
llevar adelante una ordenanza que regule la aplicación de agroquímicos
plaguicidas en el Partido. La exposición que hizo en Banca 21 la docente
e investigadora Graciela Canziani en agosto pasado agosto es uno de los
insumos que se tiene en consideración.
El
reciente caso de uso de herbicidas en los alrededores de la pileta
pública en Gardey y las consecuentes quejas volvieron a poner en los
medios y en las redes sociales el debate acerca del uso de agroquímicos,
de los beneficios que otorga a los rindes en los productores y los
daños a la salud que se le adjudican desde un sector de la comunidad
científica.
Enterados
de que desde la Secretaría de Desarrollo Productivo y Relaciones
Internacionales del Gobierno comunal se está avanzando con la idea de
revisar la legislación vigente en el partido de Tandil con respecto al
tema, NUEVA ERA se puso en contacto esta mañana con quien la encabeza,
Marcela Petrantonio.
La
funcionaria destacó que desde su área están interesados en el tema
desde mucho antes de que surgiera el incidente último en Gardey. Incluso
mencionó que en ocasión de ir al Concejo Deliberante para defender el
Presupuesto 2020 ya hablaron con los y las legisladoras acerca de este
tema y les solicitaron el expediente que allí se inició luego de que la
docente e investigadora Graciela Canziani hiciera uso de la Banca 21 en
agosto pasado.
“Creemos
que es un tema sumamente de agenda y lo tenemos que analizar convocando
expertos en el tema. Trabajar logrando los consensos respecto de lo que
significa un modelo productivo dominante que no cuida el recurso
natural como es en este caso la tierra”, dijo.
En
ese sentido, aseguró que desde la Secretaría están “esperando el
expediente que nos enviará el HCD”, luego de que Canziani presentara un
anteproyecto que lleva por título ‘Regulación de la aplicación de los
agroquímicos plaguicidas en el partido de Tandil”.
“Les
dije a los concejales y concejalas que nosotros vamos a abordar el tema
y por eso hemos quedado en que van a enviar ese expediente al Ejecutivo
para que también nosotros obviamente lo tengamos en consideración”,
detalló Petrantonio.
A
su vez, subrayó que “tenemos que trabajar en forma integrada el
Ejecutivo con el Deliberativo para lograr una normativa que cumpla con
lo que creemos que Tandil necesita para el desarrollo agropecuario”.
Consultada
sobre cómo se manejaría el difícil equilibrio entre cuidar el
ecosistema de forma más natural pero a la vez no afectar la producción,
la Secretaria de Desarrollo Productivo observó que “en realidad, hay un
modelo productivo que en los últimos 30 años ha llevado a un deterioros
sobre el recurso tierra que nos interpela a quienes tomamos decisiones
desde el punto de vista de la política pública. Además, tenemos muchos
antecedentes en distintas ciudades de la región pampeana -que es la que
más ha afectado sus tierras por el uso excesivo del glifosato, por
ejemplo- y entonces creemos que, por un lado, hay que trabajar
fuertemente en una capacitación con los productores para que entiendan
lo negativo en términos de la productividad de la tierra en el mediano
plazo con el uso de este tipo de insumos. Pero también entendemos que es
un proceso, un cambio cultural, que tiene que ser paulatino y que tiene
que ver con esta concientización”.
“Nosotros
estamos hablando sobre el tema con la gente del INTA, con la Facultad
de Agronomía -tanto de la UNICEN como de la Universidad de Mar del
Plata-, estamos mirando normativas de otras ciudades de la región
pampeana y simplemente queremos colocar el tema en la mesa y hacer un
debate como corresponde para que nadie se vea afectado en algo que
involucra mucho el futuro de Tandil”, agregó.
En
una entrevista radial, Canziani aseguró que lo ideal sería directamente
no usar glifosato o ese tipo de agroquímicos y a ellos se debía arribar
luego de un proceso.
Petrantonio
se mostró de acuerdo con el concepto de ‘proceso’ para pasar de un
modelo productivo hacia otro más natural. “Yo no soy experta y me parece
que aquí es donde tienen que estar ellos, los expertos. Por eso yo
hablo de un proceso y un cambio cultural que tiene que ver con el modelo
dominante que se instala en Argentina en los ‘90 y que incluye el uso
de este tipo de agroquímicos. Está claro que afectan además al
rendimiento en el largo plazo. Estas son las cosas que los productores
tienen que entender. Hay recetas agronómicas que hay que cumplir”.
Puso
de relieve que “nos tenemos que dar el debate sin caer en las
posiciones extremistas ni de un lado ni del otro. Y, desde ahí marcar un
camino, un rumbo. Creo que la ciudad y la apertura que tiene el sector
productivo es importante para dar ese debate”.
Puntualmente
respecto a lo que sucedió días atrás en Gardey, la funcionaria expuso
que “el director de Asuntos Agropecuarios (Ignacio Diribarne) actuó
rápidamente y, a partir de esa actuación, las áreas correspondientes
comenzaron una investigación interna”.
Distintos
vecinos del Paraje La Porteña comenzaron a juntarse en septiembre
pasado preocupados por las aplicaciones de agroquímicos que se hacían en
cercanías a sus viviendas y a la Escuela Primaria N°33. En aquella
oportunidad realizaron denuncias ante Medioambiente municipal y hace dos
semanas también hicieron presentaciones ante la Defensoría del Pueblo
de Tandil. NUEVA ERA dialogó con Lucía Mestre, integrante de esa
Asamblea, quien destacó que este tipo de organizaciones vecinales están
siendo convocadas por los gobiernos comunales “a nivel regional en
muchísimos otros lugares de la provincia. Y no está sucediendo aún en
esta ciudad” y que “la legislación que tenemos está muy atrasada”
respecto de las distancias mínimas entre las pulverizaciones y las zonas
pobladas.
Lucía
Mestre, una de las referentes de la Asamblea de Vecinos de La Porteña
por un Ambiente Saludable explicó a NUEVA ERA que el lugar en donde
viven “es un paraje, pero cada vez está más habitado. No es tan
turístico o de casas quintas sino ya de gente que se instala y vive”.
El
año pasado estuvieron en las noticias de los medios locales por las
quejas respecto a las fumigaciones en cercanías de la escuela rural,
pero la entrevistada aseguró que estas “se suceden con evidencia en
papeles desde hace nueve años. Una de las mamás que hoy forma parte de
la Asamblea ya había hecho denuncias hace 9 años en relación a los
campos linderos a la escuela y la aplicación de agrotóxicos”.
“En
este momento creo que hay un campo que está improductivo, pero en aquel
momento estaban todos en actividad agrícola convencional con el uso del
paquete de herbicidas, fungicidas y pesticidas. Esta mamá estaba sola,
buscó algo de apoyo en la escuela pero hacer solo estas cuestiones es
muy difícil”, subrayó.
Los
vecinos comenzaron a compartir la inquietud “en relación al uso de
agroquímicos que aplican en campos vecinos que llegaban a nuestro
barrio. Estamos hablando de 300 metros. La primera casa lindante con uno
de estos campos está a menos de 100 metros”.
Para
septiembre del año pasado, “nos fuimos encontrando y empezamos a
estudiar reglamentaciones, derechos y obligaciones. Y caímos en la
cuenta de que el campo lindero de la escuela no estaba cumpliendo con la
ordenanza que establece una distancia mínima de 150 metros e hicimos
una denuncia ante la Dirección de Medioambiente municipal”.
Relató
que la denuncia fue realizada el 4 de octubre y tuvo tratamiento en esa
Dirección. De allí se trasladó al Juzgado Nº1 y “después al Nº2, en
donde está desde el 5 de diciembre, pero en un estado de no tratada. Es
lo único que nosotros tenemos hoy como ciudadanos para basarnos en lo
escrito y decir que tal persona o tal pull de siembra hizo mal y sembró y
fumigó al lado de la escuela. Y queremos que se lo sancione, porque es
la única manera que tenemos para que recapaciten y entiendan que
necesitamos una distancia”.
Durante
esos trámites se enteraron de la presentación del anteproyecto de
ordenanza para la regulación de la aplicación de los agroquímicos
plaguicidas en el partido de Tandil que la investigadora y docente
Graciela Canziani hizo a través de Banca 21 en agosto pasado.
“La
escuela de La Porteña es una de las escuelas rurales. Pero hay un
montón de escuelas rurales. Y eso que acá no tenemos fumigaciones
aéreas. Pero el proyecto de Canziani se basa en un estudio de
investigación de escuelas rurales en las que han detectado glifosato en
descomposición, lo que indica que no fue un día que se fumigó sino años y
años de un modelo que está agotando la tierra y la salud de las
personas”, observó.
Agregó
que “en ese proyecto se establece, entre otras cuestiones, una
distancia de 1500 metros entre las fumigaciones y las viviendas y
escuelas. Nosotros estamos exigiendo el tratamiento de esta ordenanza
inmediatamente”.
Entre las acciones que comenzaron a realizar desde la creación de la Asamblea,
estuvo la organización de una charla informativa en el Centro Cultural
La Compañía -a principios de diciembre pasado- denominada “Salud en
Riesgo - Consecuencias en la salud por el uso y exposición a los
agroquímicos”. Participaron de ella la Dra. Cristina Rondeletti
(Endocrinóloga), Claudio Lowy (Ing. Forestal), Graciela Canziani
(Matemática y Ecóloga) y Juan Bernardo, (exaplicador y peón de campo).
Mestre
recuerda esa actividad como “muy provechosa” y destacó que Bernardo
“contó su experiencia en relación a los agroquímicos”.
Este
Diario entrevistó hace unos días a Marcela Petrantonio, Secretaria de
Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales del gobierno local,
quien dijo acerca del uso de agroquímicos que desde su área están
“hablando sobre el tema con la gente del INTA, con la Facultad de
Agronomía -tanto de la UNICEN como de la Universidad de Mar del Plata-,
estamos mirando normativas de otras ciudades de la región pampeana y
simplemente queremos colocar el tema en la mesa y hacer un debate como
corresponde para que nadie se vea afectado en algo que involucra mucho
el futuro de Tandil”.
En
ese sentido, Mestre subrayó que “estaría genial que nos convoquen,
porque eso es lo que está sucediendo a nivel regional en muchísimos
otros lugares de la provincia. Y no está sucediendo aún en esta ciudad.
La legislación que tenemos está muy atrasada en relación a las
distancias y alternativas”.
“Nosotros
o estamos en contra de nadie. No estamos en contra del productor
convencional. Quizás sí queremos construir desde nuestro con una visión
de la tierra más allá de un insumo sino como un bien que no nos
pertenece del todo, más allá de los dueños de la tierra”, indicó.
Expuso
como ejemplo de una alternativa posible la experiencia que se
desarrolla en Cañuelas, “con un cordón verde de agroecología, de
producción de quinta. Pero eso hay que charlarlo, hay que amasarlo, hay
que consensuarlo entre todos los actores. Nosotros no sólo estamos
dispuestos (a tener encuentros y debatir ideas) sino que exigimos que
eso se haga”.
Detalló
además que están “en constante contacto con ‘Paren de fumigarnos
Gardey’” y que ellos fueron quienes les aconsejaron acercarse a la
Defensoría del Pueblo de Tandil para plantearles la problemática en La
Porteña.
Así
fue que hace dos semanas se dirigieron a esa Defensoría con “una carta
presentándonos como Asamblea, contando lo que habíamos hecho en estos
meses y exigiendo su intervención en defensa de nuestros derechos.
Tuvimos una sugerencia inmediata de presentar copia del expediente que
habíamos presentado y se fue construyendo en Medioambiente. Así lo
hicimos y ahí estamos”.
Por
último, Mestre insistió en que “el 2 de marzo comienzan las clases y la
situación está exactamente igual”. Como en la misma fecha se inicia el
período de sesiones ordinarias del HCD, adelantó que pedirán entrevistas
“con todos los concejales porque la verdad es que la salud está en
riesgo
